La visita del Papa a España: entre la devoción, el gasto público y la contradicción política
OPINIÓN
La reciente visita del Papa a España ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que, lejos de ser anecdótico, afecta directamente a la relación entre religión, política y uso de recursos públicos en nuestro país. Las imágenes difundidas por los medios mostraron multitudes, aplausos y una gran movilización ciudadana en torno al líder de la Iglesia católica. Miles de personas acudieron a verlo, a escucharlo y a rendirle homenaje, siendo recibido no solo como líder religioso, sino también con honores propios de un jefe de Estado.
Sin embargo, hay otra realidad que apenas apareció en las cámaras: la de una mayoría silenciosa de ciudadanos/as que no estuvo en ninguno de los actos, que no participó de esa exaltación y que contempla con preocupación el enorme despliegue institucional y económico que ha acompañado esta visita.
Conviene recordar una cuestión fundamental: España es un Estado aconfesional. Así lo establece la Constitución. Esto significa que ninguna confesión religiosa debería situarse por encima de las demás ni gozar de privilegios incompatibles con la neutralidad institucional que debe mantener el Estado. Por eso resulta legítimo preguntarse hasta qué punto el tratamiento dispensado al Papa ha respetado ese principio.
El despliegue de medios y recursos públicos ha sido, sencillamente, descomunal. El coste oficial reconocido asciende a 25 millones de euros, una cifra ya de por sí difícil de justificar en el contexto actual. Y cuando una administración reconoce públicamente un gasto de esa magnitud, cabe preguntarse si el coste real ha sido incluso mayor. Se argumenta que la visita ha beneficiado a sectores como la hostelería, el comercio y el turismo en las zonas visitadas. Sin embargo, ese supuesto retorno económico no borra una realidad evidente: el dinero público empleado sale del bolsillo de todos los españoles, crean o no en la Iglesia, compartan o no sus postulados, hayan acudido o no a los actos.
La cuestión de fondo no es solo económica, sino también política e institucional.
Nunca antes se había visto un despliegue semejante en ninguna de las ocho visitas papales anteriores a España. Tampoco se había visto que un Papa pronunciara un discurso en el Parlamento español, símbolo máximo de la soberanía popular. El hecho, en sí mismo, ya invita a la reflexión.
Más llamativo aún fue el recibimiento parlamentario: siete minutos de aplausos por parte de diputados y diputadas de prácticamente todo el arco político, tanto de derechas como de izquierdas. Solo Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Podemos decidieron no asistir a la sesión, manteniendo una posición coherente con sus principios políticos previamente expresados. En una época marcada por la ambigüedad y el cálculo electoral, la coherencia -se comparta o no su ideología- merece ser reconocida.
Durante su intervención parlamentaria, el Papa no se limitó a ofrecer un mensaje espiritual o humanitario. Entró de lleno en cuestiones políticas y legislativas, rechazando abiertamente la ley de eutanasia y la ley del aborto, en línea con la doctrina de la Iglesia católica. Está en su derecho de defender sus convicciones. Pero cuando un líder religioso utiliza una institución pública como el Parlamento para posicionarse sobre leyes democráticamente aprobadas, el debate deja de ser exclusivamente moral o religioso y pasa a tener una dimensión política evidente.
Más preocupante aún resulta aquello sobre lo que no habló.
Millones de personas, dentro y fuera de la Iglesia, llevan años esperando una condena clara, pública y contundente de los abusos sexuales cometidos por miembros de la institución eclesiástica. No bastan declaraciones discretas, encuentros privados o gestos simbólicos. La magnitud del daño exige transparencia, asunción de responsabilidades y una condena inequívoca.
El silencio público sobre esta cuestión durante una visita de tal relevancia resulta difícil de comprender y aún más difícil de justificar.
Existe además una contradicción que no puede ignorarse.
La Iglesia presenta en sus discursos la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad como una de sus grandes banderas morales. Y, sin embargo, consiente - cuando no impulsa- eventos de enorme coste económico para difundir su mensaje. Resulta inevitable preguntarse cuántas necesidades sociales podrían haberse cubierto con esos 25 millones de euros.
¿Cuántas familias vulnerables podrían haber recibido ayuda?
¿Cuántas listas de espera sanitarias podrían haberse reducido?
¿Cuántos servicios sociales podrían haberse reforzado?
¿Cuántas becas, ayudas al alquiler o programas contra la pobreza energética podrían haberse financiado?
Mientras se repite constantemente que «no hay dinero» para atender determinadas necesidades sociales, sí parece haberlo cuando se trata de grandes eventos cargados de simbolismo político y religioso.
Esta realidad obliga a exigir más valentía a la clase política.
Demasiados responsables públicos parecen actuar en función del cálculo electoral: unos intentan obtener rentabilidad política acercándose al poder religioso; otros guardan silencio para no incomodar a determinados sectores sociales; y algunos simplemente optan por mirar hacia otro lado para evitar desgaste.
Pero gobernar exige algo más que calcular votos.
Exige tomar posiciones, asumir costes políticos y defender principios incluso cuando eso no resulta rentable electoralmente. La política pierde su sentido cuando deja de orientarse al interés general y pasa a depender exclusivamente de la próxima cita con las urnas.
La visita del Papa no debería analizarse únicamente desde la feo desde la simpatía hacia una figura religiosa. Debe analizarse también desde la ética pública, la coherencia institucional y el respeto a los principios constitucionales.
Porque en una democracia madura, cuestionar privilegios no es un ataque a la religión. Es una defensa de la igualdad.
Y exigir coherencia a las instituciones, sean religiosas o políticas, no es intolerancia. Es una obligación ciudadana. En este contexto y por desgracia para la inmensa mayoría social, solo podemos señalar la coherencia parlamentaria y la valentía, del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Podemos.