La vivienda junta la fractura económica y la generacional, y nadie se atreve a decir que la factura la pague el Estado y no un casero elegido al azar.
03 oct 2026 . Actualizado a las 13:35 h.El gran tahúr ha vuelto a adueñarse de la escena. Con 3.000 marroquíes durmiendo en las playas de Ceuta, Sánchez ha desviado el foco y ha metido el dedo en la llaga que más supura: vivir cada vez es más jorobado. Un problema cronificado durante sus ocho años de gobierno, convertido en activo político. Enésimo giro de guion. El decreto Maricarmen es un complejo alambique destinado a pasarle la pelota al oponente. Y la derecha, que no puede evitar comportarse como tal, asume con disciplina el rol de malo. Con parte de culpa, porque gobierna la mayoría de autonomías y ayuntamientos, que son quienes deberían liberar el suelo. El caso es que Vox ha llamado criminal a Sánchez y propone desahuciar de España a millón y medio de inmigrantes. Y al PP le siguen pudiendo los impulsos. Este es el contexto en el que Sánchez está haciendo de la necesidad virtud, presentando ahora como ingobernable una aritmética parlamentaria en la que lleva agonizando ocho años. Las próximas semanas son imprevisibles, aunque lo que hará Trump de aquí al 3 de noviembre, y sobre todo después, no augura nada bueno. Sánchez lo sabe y su modelo de negocio siempre ha sido el mismo: «Vosotros veréis». Los astros se han alineado de nuevo.
El desahucio de Maricarmen ha tocado la médula espinal del malestar. En España, quien no tiene piso quiere tenerlo. Y por buenos que sean los datos macroeconómicos, que lo son, la percepción micro de la mayoría de la gente es «hasta aquí hemos llegado». Ocurre en todo Occidente. Un 42 % de los británicos de 25 años vive con sus padres, frente al 25 % de los noventa, y solo el 15 % es propietario, cuando a mediados de los ochenta lo era el 43 %. El país se desliza hacia nuestro modelo sin la cultura familiar que aquí lo hace llevadero. En Berlín acaba de ganar la alcaldía una abogada que promete expropiar 200.000 pisos de las inmobiliarias. Mamdani ha empezado su mandato en Nueva York poniéndose el casco y construyendo. Burnham llegó este verano a Downing Street con el mayor programa de vivienda municipal desde la posguerra. Y el comisario europeo de vivienda, Dan Jørgensen, avisa de que está en juego la supervivencia de la propia UE.
España añade ingredientes propios. El PIB crece gracias a la inmigración, que compensa una demografía envejecida. Pero cada vecino nuevo necesita casa, colegio, médico, autobús…, y si la gente llega más deprisa de lo que los servicios públicos pueden absorber, el sistema colapsa. La izquierda ha sabido contar los beneficios de la inmigración. Con sus costes, y con quien los paga, apenas empatiza. Un colegio privado o un piso en buena zona aíslan de ese colapso a quien puede pagarlos. Pero el votante tradicional de la izquierda ha quedado desamparado. Y ese vacío lo ocupa la derecha radical. Lo mismo en Alemania, en Francia. En toda Europa. En todo el mundo.
Es inexplicable que PP y PSOE hayan dejado escapar el caballo de la vivienda. El corcel ahora lo montan otros. Sin el miedo de los desahucios y las okupaciones, transversal a ideologías, no existirían ni Vito Quiles y Desokupa ni Ada Colau. Jinetes opuestos de un mismo fracaso generacional. Ganará las próximas elecciones quien proponga proteger al inquilino frente al abuso y, a la vez, que la vulnerabilidad social la asuma el Estado y no el dueño de dos o tres pisos. La cuestión es quién será capaz de convertirlo en eje de campaña. Probablemente nadie. Pero si tuviéramos que apostar, lo haríamos por quien a estas alturas menos tiene que perder y sigue jugando la mano de siempre, el «vosotros veréis», con la que lleva toda la vida ganando partidas que nacieron perdidas.
UNA PELÍCULA
Push. Un documental de Fredrik Gertten, 2019. Leilani Farha, relatora de la ONU para la vivienda, recorre medio mundo preguntando quién fue el que se quedó con el centro de las ciudades
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