Después de que la Fiscalía acuse al exjefe de prensa del ayuntamiento de fraude documental se suman hasta cinco investigaciones o condenas que afectan a dirigentes bajo el mandato del PP
08 sep 2017 . Actualizado a las 19:47 h.Las sospechas y las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectan a diferentes dirigentes del anterior gobierno municipal popular de Oviedo llevaron el pasado miércoles a la actual vicealcaldesa, Ana Taboada, a reclamar responsabilidades a la presidenta del partido conservador en Asturias, Mercedes Fernández, por entender que el número de episodios de denuncias y tribunales «no son aislados». Hasta cinco grandes investigaciones se han abierto en los últimos meses rodeando a la anterior corporación y dibujando un pentagrama de corrupción que atañe al gobierno de la capital en décadas pasadas. Están siendo juzgados o ya han sido condenados, un exjefe de policía, un teniente de alcalde, un responsable de prensa, un concejal y el que fuera designado como sucesor de Gabino de Lorenzo, hoy Delegado del Gobierno en Asturias.
El último de ellos se conoció esta semana después de que la Fiscalía reclamara cinco años cárcel para el que fuera jefe de prensa del Ayuntamiento con Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo, Rodolfo Sánchez, por un presunto delito de falsedad documental y prevaricación. La investigación apunta a que Sánchez contrató de forma directa en 2013, sin sujeción a los principios de mérito y capacidad, de dos periodistas que trabajarían en el servicio de Prensa. Según la Fiscalía, todo ello se hizo «simulando su inclusión en el expediente administrativo, sin que tales documentos fueran firmados y redactados en la fecha que figura en los mismos y sin que tales trabajadores estuvieren realmente enmarcados en dichos servicios, sino que trabajaban para el Ayuntamiento bajo las órdenes directas de R.S». Las solicitudes de incorporación de personal, que fueron elaboradas y firmadas el mismo día, pese a que en los documentos se plasmaba que fueron firmadas en diferentes fechas a lo largo del tiempo con la «pretensión de crear una apariencia de legalidad en la contratación de dichos trabajadores quienes no superaron procedimiento selectivo alguno, conculcándose los principios de acceso a la Administración Pública».
Taboada se refirió a este caso citando además que el propio exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, se encuentra imputado en la investigación del «Caso Pokémon». Aún el pasado mes de febrero, su nombre apareció en un informe de Vigilancia Aduanera que recoge pagos realizados por Aquagest y Asturagua, del grupo Aguas de Barcelona (Agbar), a diferentes autoridades políticas y funcionarios que ascienden a 178.705 euros y que ya está en manos de la juez Pilar de Lara del Juzgado número 1 de Lugo.
Además hay otros casos recientes y otros antiguos que extienden la sombra de la corrupción sobre el anterior gobierno municipal. Por un lado, el exconcejal Alberto Mortera está procesado por un delito continuado de prevaricación administrativa y para quien la Fiscalía pide 7 años de inhabilitación. Mortera está acusado de favorecer la venta de la parcela B-16 del polígono de Olloniego a la mercantil Urvisa con «total desprecio a la literalidad de las cláusulas», según el Fiscal ya que se adjudicó pese a que la oferta se refería al proyecto industrial a realizar de forma genérica, en apenas un folio, y sin acompañar plan de viabilidad alguno o proyecto técnico, así como que refería actuaciones a desarrollar que incumplían las propias bases.
Ya están en prisión el que fuera efe de la Policía Local de Oviedo, Agustín de Luis, por ocultar el atestado policial de un atropello. Los hechos ocurrieron en enero de 2012, cuando el entonces comisario recibió en las dependencias de la Policía Local a una persona cuya furgoneta estaba inmovilizada en el depósito municipal por sendos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otros por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia, además de haber atropellado a un peatón aunque sin causarle lesiones aparentes.
El tribunal entendió que De Luis, para favorecer al propietario de la furgoneta, dio las órdenes para que el atestado, que estaba en el mostrador de instrucciones en el interior de la correspondiente carpeta para su preceptiva salida al Juzgado de Guardia, quedase fuera del alcance de los instructores y no fuese remitido al Juzgado, «impidiendo de este modo cualquier posibilidad de investigación de los hechos a que se refería».
Por último, también condenado en firme, se encuentra el que fuera teniente de alcalde con De Lorenzo, Jaime Reinares, que fue encontrado culpable por revelación de secretos al difundir el contenido de unos correos internos de la Sindicatura de Cuentas que fueron hackeados. Reinares no dejó su asiento de concejal hasta que la Audiencia Provincial ratificó su condena de un año de cárcel y otro de inhabilitación casi ya al término de la anterior legislatura. En los comienzos de la investigación de las irregularidades sobre Villa Magdalena --que han hipotecado las cuentas de la ciudad-- Reinares, en el año 2011, se presentó ante la prensa para defender el papel del gobierno del PP en la expropiación y entregó a los medios 54 correos electrónicos que habían sido extraídos de la cuenta personal de la que fuera secretaria de la Sindicatura de Cuentas, Rosa Zapico. En la sentencia que le condenó, el fallo señala que si bien los mensajes contienían «dictámenes e informaciones particulares sobre temas jurídicos en relación con Villa Magdalena se ponen de manifiesto relaciones de amistad y se imparten consejos personales». La juez consideró lo ocurrido como una «intromisión en el ámbito de la intimidad», y que Reinares vulneró ese derecho fundamental.