La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada considera que incurriría en presuntas ilegalidades
01 feb 2018 . Actualizado a las 11:20 h.La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) advierte al gobierno del tripartito del Ayuntamiento de Oviedo que interpondrá todas las acciones legales en el ámbito «administrativo, laboral o penal que corresponda» de seguir adelante con su iniciativa de implantar el servicio de los denominados «Cuidadores de Barrio» que asumirían funciones de refuerzo de la vigilancia de la seguridad, entre las once de la noche y las siete de la mañana, en distintas zonas de la ciudad.
Una figura derogada por decreto y en los tribunales
La iniciativa, que forma parte del Plan de Economía Natural impulsado por el edil de Economía, Rubén Rosón, se encuentra actualmente en estudio, si bien las opiniones pulsadas hasta ahora en los distintos barrios han sido favorables. Así, los vecinos de Pumarín, Ciudad Naranco, La Argañosa y La Corredoria, entre otros, ya se han mostrado interesados en su puesta en marcha. La Agrupación Asata realiza entrevistas y encuestas en los barrios en los que potencialmente se podría instaurar este servicio.
El coordinador de Avispa, Jorge Fernández Cuesta, ha rechazado de plano esta propuesta municipal y recuerda que la figura de los vigilantes nocturnos ya fue derogada, hace cuatro años, por un decreto de Alcaldía, previa denuncia, que «posteriormente fue ratificada por sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que rechazó las pretensiones de estos autónomos de intentar ser recolocados como trabajadores municipales. A pesar de los precedentes existentes, siguen insistiendo en la recolocación de estos trabajadores, sin base ni argumentación legal, aludiendo a la creación de puestos de trabajo», señala.
Las presuntas irregularidades
La agrupación Avispa considera que esta figura laboral se intenta ahora «camuflar» mediante convenios con otras entidades, «dirigido a la contratación de colectivos más desfavorecidos desde el punto de vista de la precariedad laboral» e incide en que su creación podría entrar en conflicto con la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, el Reglamento que la desarrolla y la Ley Orgánica 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Si el gobierno del tripartito no da marcha atrás en su puesta en funcionamiento se estaría cometiendo presuntamente una infracción administrativa a tenor del articulado de la Ley de Seguridad Privada y el Reglamento que la desarrolla, según recalca el coordinador. «Nosotros entendemos que la actividad es ilegal y no tiene cabida en un municipio en donde existe un cuerpo de Policial Local debidamente constituido», reitera.
Jorge Fernández Cuesta considera que si, tal y como prevé el tripartito, a finales de este año podría comenzar a funcionar este servicio en la capital asturiana, estos trabajadores acabarían desempeñando y ejerciendo otras funciones de seguridad que, a su juicio, serían «ilegales y para las cuales no están capacitados, habilitados o formados, como es la vigilancia en espacios o vías públicas, o la prevención de hechos delictivos o infracciones administrativas. Sería utilizar recursos humanos baratos para usurpar funciones que únicamente pueden ejercer los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local o Vigilantes de Seguridad en su defecto, sobre quienes recae, por Ley, las competencias indicadas, en cuanto a labores de Seguridad Ciudadana», argumenta.
Sentencias contrarias a su implantación
Para el coordinador de Avispa, existen argumentos «más que contundentes, tanto desde el punto de vista del marco legal, jurídico-laboral, antecedentes normativos regulatorios y sentencias firmes» que avalarían el rechazo a la implantación de un servicio con la denominación de «vigilantes nocturnos» o «serenos» o cualquier otro término análogo con el que serían conocidos para trabajar en horario nocturno en Oviedo.
«No pueden subrogarse figuras laborales que provengan ni de empresas privadas ni del régimen de autónomos, al ser estas actividades particulares y sin posibilidad de ser asumidas como competencias municipales, sin que pueda ser objeto de concesión, concierto o arrendamiento alguno», indica Jorge Fernández Cuesta.