Médicos Contra la Sustracción Forzada de Órganos quiere dar a conocer la realidad que sufren millones de personas en el país asiático por pensar diferente
18 may 2018 . Actualizado a las 20:23 h.Los últimos años le han servido a China para darse cuenta de que la imagen lo es todo. La imagen de un país más abierto, que apunta al cambio, que se acerca a los principios capitalistas y difumina la representación de una dictadura para destacar la de un país con el que se puede negociar y obtener beneficios a nivel internacional. Pero detrás de tanto brillo luce el lodo. El otro lado de la moneda lo cuentan Médicos Contra la sustracción Forzada de Órganos (DAFOH por sus siglas en inglés). La organización lleva desde 2006 trabajando para dar a conocer la persecución, tortura y extirpación ilegal de órganos de las que son objetos millones de personas del país asiático por ser afines a un pensamiento diferente al profesado por el régimen. Formado por profesionales de la medicina y especialistas en materia legal de todo el mundo, han hecho parada en Oviedo para recoger firmas con el fin de presentarlas al Parlamento Europeo para que inicie la elaboración de una resolución que obligue a China al cese real de estas prácticas ilegales.
«China está ofreciendo una imagen de cambio al exterior pero la realidad es que atentan contra los derechos humanos», afirma África Orejas, representante en Asturias de la organización. En concreto se refiere a la persecución de los practicantes de Falun Dafa o Falun Gong, una disciplina milenaria sin ánimo de lucro basada en la autocultivación del cuerpo y la mente a través de la meditación y el ejercicio físico moderado. Según cuenta, poco después de su introducción en el país asiático en 1992 el gasto sanitario empezó a disminuir, ya que conforme el número de personas afines a la disciplina aumentaban -llegando a superar los 70 millones-, la salud de estos se veía beneficiada. «El Falun Dafa sirve para mejorar a nivel físico y mental en relación con el entorno en el que se vive», asegura. El por entonces presidente de China, Jiang Zemin, premió la práctica en un primer momento, para querer apropiarse y beneficiarse a nivel económico y político después. «Obtener dinero con la disciplina va en contra de los principios», comenta, «y al no querer darle el control Zemin se empezó a considerar como una amenaza hacia el pensamiento del régimen».
Desde 1999 el Falun Dafa es una práctica prohibida. El expresidente optó entonces por la difamación, haciendo ver que la disciplina es una secta, así como la persecución y encierro de sus practicantes. El régimen tortura a personas consideradas díscolas para que renuncien a sus creencias en lo que se conoce como «reeducación». «Es un auténtico genocidio», mantiene Orejas, del que también son víctimas cristianos, tibetanos y budistas.
El mercado de tráfico de órganos
En China el tiempo de espera para un trasplante apenas supera las semanas; una auténtica llamada para el turismo médico. El país lleva a cabo el segundo mayor número de trasplantes del mundo y se estima que en torno al 10% provienen de presos de la política nacional cuyo consentimiento no se tiene en cuenta. «Esta información se oculta al exterior porque no interesa», comenta Orejas.
Según documentan Alan Sucur y Srecko Gajovic, especialistas médicos y miembros de DAFOH, aunque China negó el uso de órganos de presos, en 2005 funcionarios del país admitieron que más del 90% de los trasplantes provenían de presos ejecutados. En 2013 se aprobó una resolución en el Parlamento Europeo que pedía el cese inmediato de la ilegalidad y un año más tarde el país divulgó que solo emplearía órganos donados voluntariamente. Sin embargo, Orejas apunta a un truco oculto: «Lo único que cambia es que a los presos de conciencia se les obliga a marcar una casilla que indica esa donación», lo que no es óbice para la tortura y negación de su verdadera voluntad.
Defensores de los derechos humanos y juristas como David Kilgour y David Matas han estado detrás de diversas investigaciones basadas en llamadas telefónicas a hospitales, centros de detención y otras instalacioes de toda China, declarando ser familiares de pacientes que necesitaban trasplantes. Tras preguntar si estaban a la venta órganos de los practicantes de Falun Dafa pudieron confirmar que existían instalaciones que traficaban con ellos. La última actualización de sus estudios data de 2016, cuando concluyeron que el país asiático practicaba una media de 60.000 trasplantes al año. No obstante, el gobierno pone sobre la mesa una cifra de apenas 10.000.
La fuente de abastecimiento de órganos de los prisioneros de conciencia sigue envuelta en la clandestinidad. «No se pueden evidenciar a los delitos continuados por intereses políticos o económicos», denuncia Orejas. «China es una dictadura en la que se practican torturas verdaderamente sangrientas, donde no hay libertad de expresión y donde el único cambio visible es que ahora se negocia con ella», sostiene.
¿Están pues los intereses por encima de las personas? Según Orejas, sí, ya que se atenta contra la dignidad y libre pensamiento para obtener un beneficio económico. «No se puede negociar con un país que, de una manera tan descarada como maquillada, comete crímenes de lesa humanidad. No puede ser que sigan atentando contra la dignidad de las personas y se aprovechen de ello para favorecer a su dictadura endogámica».
Por ello insta, con la recogida de firmas, a la búsqueda de responsabilidades. Una labor que no tendrá fin hasta que toda esa pesadilla de la que son protagonistas millones de personas pare, «de verdad, con cifras, y para siempre», sentencia.