El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados «acordaron maquillar» una situación ilegal con la contratación de dos periodistas. El juicio ha quedado visto para sentencia
02 abr 2019 . Actualizado a las 17:34 h.La Fiscalía ha mantenido su petición de penas de entre 3 y 5 años de cárcel para dos funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo y dos empresarios por un delito de falsedad documental y otro continuado de prevaricación administrativa tras sostener que «acordaron maquillar» una situación ilegal con la contratación de dos periodistas a través de una empresa externa.
La acusación pública ha pedido además que los acusados sean inhabilitados para cargo o empleo público con penas de hasta nueve años y multas que oscilan entre 5.400 euros y 10.350 euros, en el juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial, informa EFE.
La Fiscalía ha asegurado que el jefe de prensa del Ayuntamiento en el mandato del PP y posterior jefe de gabinete de la Alcaldía, Rodolfo Sánchez; el jefe de Modernización, Ignacio Huerta, y los empresarios de Asac Comunicaciones, Maximino Álvarez y Marco Antonio Prieto, querían justificar una irregularidad que excedía la descoordinación entre servicios para amparar «una contratación imposible».
El Ministerio Público ha advertido de que no se dio traslado de la modificación del contrato que permitió la contratación de los dos trabajadores adscritos a Asac Comunicaciones ni a los servicios jurídicos, ni al servicio de Contratación, ni al pleno municipal. A su juicio, los acusados trataron de «tapar y ocultar» la modificación del contrato en una argucia para «justificar lo injustificable» con el propósito de «hacer lo que uno quiere porque quiere, saltándose la normativa».
Además, mantiene que la modificación contractual no dio lugar a expediente alguno, no fue puesta en conocimiento de la Sección de Contratación, ni informada por la Dirección Jurídica y la Intervención General con una vulneración «total» del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El abogado Javier García Menéndez ha pedido la absolución de Sánchez al incidir en que no participó en la contratación ni hizo sugerencia, indicación, ni dio órdenes sobre la forma de realizar su trabajo a los dos periodistas por lo que, según ha afirmado, se desinfla cualquier atisbo de conducta prevaricadora. El letrado ha denunciado asimismo la instrumentalización política de la justicia al haberse iniciado el procedimiento a instancias de una denuncia de Foro Asturias ante la Fiscalía.
El abogado Ángel Bernal ha defendido la inocencia de Ignacio Huerta al mantener que los documentos aportados a Foro no tenían un carácter oficial, no se foliaron ni se registraron en un expediente administrativo ya que sólo se trataba de dar respuesta a la petición del grupo político sobre las altas y bajas de trabajadores.
El letrado ha asegurado que Huerta se limitó a hacer un informe a petición del entonces alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, sobre la necesidad de potenciar la presencia del ayuntamiento en la página web y en las redes sociales. El abogado Luis Tuero ha refrendado la petición de libre absolución de los empresarios de Asac al mantener que no hubo amaño alguno y ha señalado que la imputación de la Fiscalía es «absurda e inconsistente» al acusarles por una mera sospecha que ha calificado de interesada y partidista y que les causa graves perjuicios.
Previamente a los informes de conclusiones en esta última sesión ha declarado el interventor municipal, José Luis González, quien ha atribuido que el contrato no fuera fiscalizado a «un colmo de despropósitos, errores o malentendidos» por una supuesta descoordinación entre los distintos servicios del Ayuntamiento. La jefa de Contratación, Ana Fernández Magadan, ha reconocido que esa documentación no pasó por su servicio, ni por la asesoría jurídica, ni por la Junta de Gobierno y un perito ha señalado que los documentos aportados habían sido firmados «en unidad de acción».