Gustavo Bueno alertó de que el convenio seguía sin firmar tres años después de la cesión del palacete
OVIEDO
Otro informe de un técnico municipal en 2004, seis años después de que la fundación se mudara al antiguo Sanatorio Miñor, recordaba que el acuerdo estaba pendiente de ser suscrito
05 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El convenio de cesión del antiguo Sanatorio Miñor a la Fundación Gustavo Bueno nunca fue firmado por el ayuntamiento y eso inquietaba al filósofo. Una carta enviada al secretario municipal y firmada por Bueno en 2001 -tres años después de la mudanza- alertaba de la necesidad de suscribir ese acuerdo. En 2004, otro informe municipal señalaba que el pacto seguía sin rúbrica. Los dos documentos evidencian que, aunque la organización disfrutaba de las instalaciones, era consciente de que su situación no era legal.
A pesar de las pruebas que evidencian que el convenio nunca llegó a firmarse, Wenceslao López, alcalde de Oviedo, considera que hay dudas legales sobre la posibilidad de desalojar a la fundación. En una entrevista a LA VOZ DE ASTURIAS, López señaló que él revisó la documentación hace tres años. «Es verdad que nunca se llego a firmar, pero hay un acuerdo de cesión de 50 años y los usos para los cuales no se hizo convenio se conveniaron y se subvencionaron para dar dinero a la fundación. Hay documentos que están ahí», afirmó.
Una opinión diferente es la de Rubén Rosón, concejal de Economía, que se ha convertido en el principal impulsor de desalojar a la fundación. El edil esgrime que la falta de firma supone un hilo del que tirar para conseguir su objetivo. Su intención es recuperar las instalaciones para uso municipal.
La carta de Gustavo Bueno
Existen diferencias dentro del tripartito sobre las posibilidades de desalojo, pero de lo que no hay ninguna duda es de que el convenio nunca fue firmado. También era consciente de ello Gustavo Bueno, que en 2001 remitió una carta al secretario general del ayuntamiento en la que exponía la necesidad de dejarlo todo cerrado. «Se cumplen este mes tres años y medio desde que comenzó el uso por parte de la fundación del edificio municipal y tres años y medio desde que el pleno Ayuntamiento de Oviedo acordó la cesión», recogía el escrito. «Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se ha suscrito el convenio de cesión, en el que se aprobó el borrador de dicho convenio, y donde se establecen los usos previstos que aconsejaron la cesión por 50 años del mencionado edificio», añadía el filósofo en la carta.
Bueno afirmaba en su petición que el interés de la fundación era «suscribir con el ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, el convenio con el objeto de poder planear, sobre cierta seguridad jurídica y administrativa, sus planes de futuro». «Lo que no tiene sentido es alargar innecesariamente una situación de precariedad bajo la que, podría parecer, nos encontraríamos actualmente al estar ocupando un edificio de propiedad municipal», concluía. 18 años después, todo sigue igual.
Informe municipal
Tres años después, en 2004, fue un informe municipal el que recordaba que el documento seguía sin firma. «No consta en el expediente que se haya formalizado el convenio», recogía el funcionario, quien añadía que «procede informar que las cesiones gratuitas de uso no están expresamente previstas por el reglamento de bienes de las entidades locales». Eso sí, dejaba claro que, a pesar de ello, este tipo de prácticas son habituales. Por último, señalaba que «procedería formalizar el convenio en los términos aprobados» por el pleno.
Los términos de la cesión
El convenio entre ayuntamiento y la Fundación Gustavo Bueno supone la cesión de la totalidad del palacete durante un periodo de 50 años. Además, el consistorio se comprometió a entregar el edificio totalmente reformado. Para ello, invirtió más de 100.000 euros y entre las peticiones del filósofo se encontraban, por ejemplo, una alfombra para su despacho, visillos o 200 metros cable. Una de las empresas que vendieron mobiliario y material para acondicionar las instalaciones fue Igrafo, investigada en el caso Marea.
