La nueva ley de memoria histórica obligaría al Estado a anular miles de procesos, entre ellos el de la destitución de Leopoldo Alas
16 sep 2020 . Actualizado a las 12:14 h.El alcance de la nueva ley de memoria histórica, que acaba de anunciar el Gobierno, anularía de oficio el proceso que llevó a destituir y fusilar al rector de la Universidad de Oviedo en 1937, Leopoldo Alas. El suyo y el de miles de asturianos que fueron juzgados y asesinados durante la Guerra Civil y en los largos años de posguerra.
Leopoldo Tolivar Alas, nieto del rector y catedrático de Derecho, se muestra sin embargo «escéptico» respecto a los efectos reales de la ley, cuyo anteproyecto aprobó el pasado martes el consejo de ministros. «Como propósito, me parece muy bien. Pero es un asunto que hay que tratar con pincel fino, no con brocha gorda», señala. Caso por caso.
«Tenga en cuenta que, desde noviembre de 1937 hasta mucho después de terminada la guerra se hacían consejos de guerra en Oviedo, y luego en Gijón también, a razón de cinco o seis condenas a muerte por día, lo que supone una tremenda magnitud», explica el catedrático.
Para Tolivar, que el Estado se haga responsable tanto de las exhumaciones de fosas comunes como de la anulación de los juicios franquistas «es tremendamente complejo, tanto en lo económico como en lo legal». En el primer aspecto, porque el coste material sería enorme y, hoy por hoy, es difícil que se pueda sufragar por parte de la Administración.
En cuanto a los aspectos legales, ya la ley anterior, señala Tolivar, recogía la nulidad de los juicios, por lo que en el hecho simbólico de restitución no se añade nada. La novedad sería que el Estado se haría cargo del coste de las revisiones.
Y hay miles de procesos en Asturias, ya que la nueva ley afectaría a todos aquellos juicios que vulneraran derechos que recoge nuestra Constitución actual; es decir, tanto los fusilamientos como, por ejemplo, los procesos abiertos contra los mineros que fueron condenados por las huelgas de la década de los 60 o los juicios políticos.
El catedrático sí se muestra partidario de examinar «quiénes formaron parte de los consejos de guerra. Yo, por ejemplo, sí sé quiénes estuvieron en el de mi abuelo», y esa documentación «sin duda existe y está en el archivo militar de La Coruña». Pero no deja de ser «un trabajo de lupa, minucioso, que requeriría un batallón de especialistas», lo que hace muy difícil su ejecución material, insiste.
Funcionarios expulsados
Otro aspecto que señala Lepoldo Tolivar y que a su juicio resulta interesante es la revisión de las órdenes de destitución o expulsión de funcionarios, como fue el caso de su abuelo, el rector Alas. «Hubo muchas sanciones o condenas del tribunal de la masonería y contra los comunistas», recuerda. En cualquier caso, es más que probable que tanto la elaboración definitiva como la aplicación de la ley sea un asunto de muy largo recorrido.
