La Guardia Civil sostiene que UGT Asturias pagó con subvenciones hasta el 75% de la nómina de personal
OVIEDO
El responsable de la investigación de la UCO declara durante casi cuatro horas en una nueva jornada del juicio contra la antigua cúpula del sindicato en la comunidad autónoma
14 oct 2021 . Actualizado a las 13:45 h.El responsable de la investigación de la Guardia Civil sobre el presunto desvío de 1,4 millones de euros de fondos públicos en subvenciones para cursos de formación en UGT entre 2010 y 2014 ha asegurado que el sindicato utilizó a empresas superpuestas para generar sobrecostes e imputar como gasto indebido hasta el 75% de las nóminas de parte de la plantilla que jamás tuvo relación con las acciones formativas.
El instructor de las diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha declarado durante casi cuatro horas en la vista oral que se sigue contra el exsecretario general de UGT de Asturias Justo Rodríguez Braga y otros cinco exdirigentes y técnicos del sindicato y del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que afrontan penas de entre cuatro y diez años de cárcel por cinco delitos de fraude en subvenciones, así como la organización sindical como personalidad jurídica.
El testigo ha explicado que la investigación se inició a raíz de una denuncia de la exdirectora territorial del IFES Ana Gomis, sobre fraudes en la formación relacionados con UGT que guardaba paralelismo en la dinámica del desvío de fondos con otra investigación que realizaba sobre el sindicato en otra región -Sevilla, aunque no la ha llegado a citar- por lo que remitió a la Fiscalía los atestados donde hacía constar que el sindicato en Asturias e IFES funcionaban «como un solo grupo», independientemente de quién era el órgano beneficiario.
La UCO analizó la Ley General de Subvenciones, la normativa estatal, la del Principado y la de la Unión Europea, así como los gastos directos, los asociados (gestión de apoyo) y subvencionados (vinculados a la evaluación y calidad de la formación educativa) para comprobar si eran costes reales pagados y justificados con documentación contable. Las subvenciones recibidas eran de carácter finalista y la investigación se enfocó en el análisis de si se correspondían a los gastos directos, asociados y subvencionados, si se hizo el servicio y éste se llegó a pagar.
La UCO detectó que las vías de fraude en Asturias se producían mayoritariamente a través de la falta de justificación de gastos, irregularidades en la subcontratación, sobrecostes y partidas «importantes» dentro de los gastos asociados que se repercutieron en nóminas de trabajadores del sindicato que no habían participado en la formación. Algunos trabajadores de UGT mostraron su «indignación» al desconocer que sus nóminas eran costeadas con subvenciones ya que un empleado ratificó que no se movía del despacho; otra trabajadora estaba en Gijón cuando los cursos eran en Oviedo, y un tercero que figuraba como coordinador de cursos aseguró que ignoraba tal función.
En los gastos directos había irregularidades en la facturación de alquileres de locales en Oviedo, Navia o Piedras Blancas y la dotación de equipamientos, y en los asociados por la imputación de nóminas de personal que no había realizado ni planes de gestión ni formación. La UCO concluyó que todas las entidades que participaron en el supuesto desvío de fondos estaban controladas por UGT de Asturias: INFASTUR, IFES, LOCALMUR y FORMACIÓN 2020.
Como «un caso llamativo» ha resaltado que se impartían los mismos cursos, con las mismas horas y se facturan cantidades distintas con la misma empresa como beneficiaria. Entre otros, hay un curso de aplicaciones informáticas de gestión que se facturó en 2010 a 12,62 euros/hora y en 2011 pasó a ser de 25 euros/hora; otro de técnico de información turística en 2010 a 9,66 euros/hora y en 2011, a 20 euros/hora, y un tercer curso de técnico auxiliar de diseño gráfico en 2010 a 23 euros/ hora y en 2011 no hay factura, lo que a juicio de la UCO «no atiende a razón lógica», informa EFE.
La UCO comprobó asimismo que los servidores de UGT e IFES no albergaban la información requerida porque alegaron que se almacenaba en UGT Madrid y sólo recibieron un lápiz de memoria y un disco duro que estaba dañado y era como «enchufar una piedra al ordenador», ha especificado.
