El Gobierno incluye los centros de Pontevedra y Castellón en el programa de cárceles-laboratorio donde alienta a los reclusos que tratan de romper con la organización.
Desde mayo del 2006, la Justicia ha perdido el rastro de este letrado pontevedrés vinculado a un supuesto entramado de blanqueo de dinero procedente de la droga