Puede recurrir ante el Constitucional los actos de la Generalitat y del Parlamento catalán, instar a la Fiscalía a actuar contra los responsables y asumir competencias de la autonomía
El magistrado de la Audiencia Nacional rechaza el recurso y alega que existe riesgo de destrucción de pruebas al haber detectado operaciones para «obstaculizar el acceso a evidencias»