A punto de irse a la Audiencia Nacional tras diez años de intenso trabajo en Pontevedra, Azcárraga cree que las organizaciones locales ya no pueden garantizar los desembarcos
La Fiscalía reclamaba que Tirado fuera sancionado con la suspensión de empleo y sueldo por tres años, mientras que el juez solicitaba el archivo de su expediente, pero el Supremo ha rechazado ambos recursos.