Sin garantías de cobro, el sindicato de jugadores convocó una huelga que se levantó el jueves. La falta de control gubernamental y la inacción de la justicia sitúan al fútbol casi al margen de la ley.
El Gobierno insiste en la supresión de los organismos provinciales porque se ahorrarían «miles de millones de euros» sin merma de los servicios que prestan.