La Sala de lo Civil y Penal del TSJM concede con esta decisión a todos los imputados, y no solo a los afectados por las grabaciones, la posibilidad de tener acceso a ellas
El Alto Tribunal ve indicios de los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales y da un plazo de 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral