La viguesa está en el limbo desde el 2017 tras ser impulsada por varios alcaldes a finales del siglo XX y ser aprobada por el Parlamento gallego hace ya catorce años
El denunciado no acudió al juicio, que se celebró sin él. Su abogada pidió la absolución por falta de pruebas directas y la Fiscalía solicitó una multa de 360 euros