La medida impone multas de 300 a 600 euros a aquellas personas que no se quieran quitar el burka o el niqab al entrar en los establecimientos públicos.
Puigcercós justifica su negativa inicial a apoyar la investidura de Mas por el hecho de que CiU no comparte algunas de las seis propuestas programáticas que su partido ha planteado.
Los cuatro magistrados asignados, según fuentes parlamentarias, han contado con el respaldo del PSOE, PP, el grupo de senadores nacionalistas y los del Grupo Mixto.
A una pregunta del portavoz de CiU, Carles Campuzano, sobre las agencias privadas de colocación, respondió que no hay razón alguna por la que España sea el único país de los grandes de la UE que no las haya legalizado.