El juez Pablo Ruz le impuso la obligación de comparecer todos los lunes y viernes en la Audiencia Nacional y la prohibición de salir de territorio español
La orden del juez Ruz se enmarca en la investigación judicial para revelar el destino de 300 millones de euros que los inversores depositaron en pagarés.
Tras varios años de investigaciones, la autoría del chivatazo que en 2006 alertó a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión sigue sin esclarecerse.
Oier Eizmendi fue imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo en relación con la exhibición de fotos de presos de ETA en las fiestas de Leitza.
El expresidente del consejo de dirección de la entidad pide que esta le indemnice con 1.200.000 euros después de que el pasado 12 de julio presentase su renuncia.
Los hijos del empresario han reconocido la existencia y advierten que podría haber intercambiado movimientos de fondos con las sociedades radicadas en España.