Miguel Ángel Fernández-Chico considera «aventurada» la afirmación de que el chivatazo al aparato de extorsión de ETA se enmarcó en la negociación con la banda y tuvo un móvil de carácter político.
La Sala de lo Penal asegura que «en absoluto» parece descartado que hubiera indicios de un delito de colaboración con banda armada, castigado con hasta diez años de prisión.
Para la sala, la decisión de Ruz «no fue arbitraria en vacío y razonable» y sostiene, en contra del criterio fiscal, que «no es necesario comulgar con la finalidades» de la organización terrorista para la existencia del tipo delictivo.
Las jóvenes, de origen humilde, eran engañadas, ya que Lapiedra les decía que se trataba de un casting y les daba documentación falsa para que pudieran pasar por mayores de edad.
El juez decidirá si es extraditado a Colombia cuyas autoridades le reclaman por prostituir y grabar a menores en películas que vendía a través de sus páginas de Internet.
Los investigadores insisten en apuntar al comisario que dirigía la brigada antiterrorista en suelo galo, a quien Garzón no acusó a pesar de su inexplicable tráfico de llamadas con uno de los imputados.
Yolima Ordóñez, según el Ministerio del Interior que cita fuentes de la Justicia colombiana, tenía encomendadas funciones específicas de «enlace, apoyo e intermediación en Europa».
Los agentes encargados de elaborar el nuevo informe también desechan que la manipulación se produjera con posterioridad, sino en el momento de la grabación.