El caso se remonta a diciembre de 1989, cuando la Comisión constató que el Grupo Magefesa había recibido ayudas ilegales e incompatibles de varias regiones españolas a través de cuatro filiales del grupo.
La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, confía en que las autoridades investiguen las acusaciones de irregularidades en los comicios.