Los números rojos de la administración escalan hasta el 11,4% del PIB y obligan al Ejecutivo a adoptar medidas de fuerza para cumplir el pacto europeo de estabilidad.
El Ejecutivo ha pedido un informe al Consejo de Estado para analizar la normativa gallega. Feijoo aseguró el pasado día 2 que si el Gobierno presentaba un recurso se abriría «un escenario de difícil entendimiento» entre ambas Administraciones. Caixa Galicia y Caixanova optan por guardar un mutismo absoluto.