La Xunta no aclara si, como anuncian otras comunidades del PP, se negará a aplicar los controles de precios, que el Gobierno estima que podrían afectar a 150.000 viviendas
La Autoridad Portuaria, el ADIF, Puertos del Estado y los ministerios de Hacienda y Transportes deben autorizar la firma, lo que puede retrasar la licitación a enero