Lo que no valora el Gobierno es si a nivel social, histórico o ambiental fue adecuada la autorización del desguace, que es lo que critica el Concello de Fisterra
Díaz, después de repasar cómo funciona este procedimiento en varios países de Europa, recalcó que «en 2016 los consumidores españoles pagaron por la interrumpibilidad casi 100 millones de euros más que Alemania, Francia e Italia juntas»