Expresidente de Sociedad Civil Catalana y catedrático de Derecho Internacional Privado, insta al Gobierno a adoptar medidas efectivas, como tomar el control de los Mossos
07 sep 2017 . Actualizado a las 08:53 h.Rafael Arenas, expresidente de Sociedad Civil Catalana y catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, entiende que lo sucedido ayer en el Parlamento catalán «es de una gravedad institucional enorme, y tanto el Gobierno como el Tribunal Constitucional tienen que ser conscientes del desafío».
-¿Qué le ha parecido la sesión parlamentaria?
-Yo discrepo de que sea un esperpento, tenemos que verlo desde el punto de vista de los nacionalistas, que lo que pretenden es derogar la Constitución y el Estatuto. Los que proponen la ley del referendo son conscientes de que los están vulnerando, porque lo que pretenden es dar un golpe de Estado. Se han saltado el reglamento del Parlamento catalán y los derechos de los parlamentarios al darles dos horas para presentar enmiendas. Es todo un teatro.
-Pero no tiene precedentes...
-Lo del reglamento incluso es secundario, lo principal es vulnerar la Constitución. Aquí lo que ha sucedido es que un grupo de personas han decidido desplazar el Estatuto y secuestrar el Parlamento para que deje de ser autonómico. Esto encaja en el conflicto de que unos quieren que siga siendo autonómico y los que quieren que sea una institución de la república catalana.
-Si además se aprobara la ley de transitoriedad, ¿qué puede pasar?
-Implica la declaración pública de la proclamación de la república catalana, de que la Generalitat ya no actuará como una Administración española. Si la Generalitat hace expreso esto, nos mete en un problema considerable. Sería inevitable que los Mossos dejaran de depender de la Generalitat de manera funcional para que quedaran bajo la autoridad de una persona designada por el Gobierno español. Esto se puede hacer con la Ley de Seguridad Nacional, no con el artículo 155 de la Constitución, para evitar que la república catalana pueda reclamar internacionalmente que el territorio está controlado. El Gobierno español, además de impugnar la ley de transitoriedad, deberá tomar alguna medida de estas.
-¿Cree que habrá referendo?
-Estoy convencido de que no se celebrará, porque cuando el 9N nadie estaba convencido de que fuese delito y no se adoptó ninguna medida. Después se condenó a Artur Mas, Ortega y Homs. Ahora quedó claro que este tipo de cosas son delito y los funcionarios saben que si participan puede tener consecuencias penales, y eso me lleva a pensar que no habrá referendo.
