La huida de empresas reduce de forma drástica la recaudación de la Generalitat

Las grandes compañías catalanas afrontan una semana crucial por el reto soberanista

El presidente de Freixenet, José Luis Bonet (derecha), en la manifestación de Barcelona.
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet (derecha), en la manifestación de Barcelona.

redacción / la voz

Sabadell, CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente, Abertis.... Ante el aluvión de grandes compañías, en algunos casos multinacionales, que estudian, ultiman o ya han anunciado cambiar su domicilio social fuera de Cataluña, surge una primera duda: ¿Qué efectos tiene esa decisión? Muchos.

Primero: demuestra un temor a que el presidente Puigdemont y su equipo decidan declarar la independencia y, a partir de ahí, comiencen a reclamarles impuestos. Segundo: este supuesto demoledor conllevaría que detrás de la sede social se iría la sede efectiva de la actividad, lo que se traduciría en el traslado de miles de puestos de trabajo a Madrid, Alicante, Valencia o cualquier otra ciudad elegida en España. Tercero: hay expertos que consideran que, aunque no se produzca la independencia, el cambio de sede social conlleva, con el tiempo, el traslado de ciertos órganos de decisión, además de generar un efecto bandera, entendido por la importancia que en materia económica se le da al número de empresas que se asientan en el territorio. Cuarto: con un cambio de la sede social, cualquier deseo independentista se queda sin la posibilidad de tener una fuente importante de financiación.

Los profesionales del derecho y de la economía consultados explican que, aunque no siempre, la sede social suele coincidir con la sede fiscal de la compañía. Eso significa, por ejemplo, que los funcionarios de la Agencia Tributaria encargados de las inspecciones estarán en el territorio donde la empresa tenga su domicilio (fuera de Cataluña), incluso aunque dependa del departamento de Grandes Contribuyentes.

Otro asunto a analizar está relacionado con el dónde pagarán los impuestos las compañías que opten por el cambio y qué efectos tiene sobre el territorio. El de sociedades, el más importante, no está transferido. Es estatal. Los ingresos van a una caja común, salvo que la compañía esté asentada en el País Vasco y Navarra. Este es el motivo por el que la tributación de este impuesto no afecta en el reparto de la financiación autonómica, tal y como se conoce hoy, asegura Santiago Lago, profesor y representante del grupo de expertos que está trabajando en esta cuestión.

La tributación del impuesto de actividades económicas (IAE) está directamente relacionada con las distintas unidades de negocio (las tiendas de una multinacional, por ejemplo) que se distribuyen por el territorio. El IVA también va a la caja común de Hacienda y después se reparte, en función del consumo, entre la Administración central y las comunidades autónomas. El IRPF tampoco tiene repercusión porque la tributación de cada ciudadano dependerá de dónde viva.

Sí hay dos impuestos que pueden repercutir directamente en el territorio donde tenga la sede social la compañía: actos jurídicos documentados y operaciones societarias, que en el caso de la banca y de las eléctricas mueven cientos de miles de euros. ¿Y si el proceso independentista se aborta? Una vez que esto ocurra, algunas empresas volverán a sus territorios de origen y otras compañías, sin embargo, confirmarán que su última decisión es la definitiva por haberles costado esfuerzo llevarlas a cabo, y también dinero.

Las empresas huyen por supervivencia

ana balseiro

Los expertos alertan del empobrecimiento económico que supondría para Cataluña una ruptura unilateral

¿Sería viable económicamente una Cataluña independiente? Con cifras dispares en la mano, defensores y detractores del proceso secesionista discrepan. Pero los expertos consultados por La Voz coinciden en que culminar el procés con la declaración unilateral de independencia pretendida por el Gobierno catalán le pasaría una factura económica a la comunidad, en términos de bienestar de la población, difícilmente asumible.

Con más de 76.000 millones de deuda (casi 53.000 con el Estado), un déficit en pensiones cercano a los 5.000 millones y los mercados financieros cerrados, amén de una estampida de empresas que no deja de crecer ante la amenaza de una inminente declaración de ruptura con España, el futuro económico de Cataluña en solitario se oscurece. 

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El Gobierno catalán califica la situación de «gravedad extrema»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, se reunieron el pasado sábado para tratar el escenario posterior a la celebración del referendo del 1 de octubre y la deriva independentista. En el encuentro, al que también asistió el director general del Círculo, Jordi Alberich, Brugera transmitió a Puigdemont su preocupación ante una eventual declaración unilateral de independencia (DUI), que consideraron «una bomba para la economía catalana» que desataría una fuga masiva de empresas. Según varios medios, Puigdemont habría reconocido que le preocupa la situación «de extrema gravedad» que se está produciendo y explicó que está intentando ganar tiempo antes de la DUI.

Cataluña, a solo un paso del desastre

enrique clemente

Constitucionalistas y politólogos advierten de las consecuencias desastrosas de una declaración unilateral de independencia

¿Habrá declaración unilateral de independencia, sí o no? Esta es la clave de la situación en Cataluña. Si el Parlamento aprueba la DUI, como recoge la ley de transitoriedad impuesta por la mayoría secesionista en el Parlamento catalán, en una sesión en la que la oposición fue acallada, el desastre está asegurado. Si se imponen las voces que dentro del PDeCAT llaman a aparcarla, se podría abrir una vía de solución dialogada, una vez restaurada la legalidad. Carles Puigdemont y los suyos han situado a Cataluña al borde del precipicio, si dan un paso más, que sería la DUI, caería en el abismo de la división, el enfrentamiento y la incertidumbre. La fraudulenta república catalana no sería reconocida internacionalmente y quedaría, con toda seguridad, fuera de la Unión Europea

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