El Gobierno ejerce con normalidad el poder asumido a través del artículo 155 y su primera decisión fue sustituir al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por el que era su segundo
29 oct 2017 . Actualizado a las 08:16 h.La intención del Gobierno es centrarse en ejercer con la mayor normalidad el poder que ha asumido en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución sin entrar en debate político con los independentistas e ignorando la intención del presidente destituido, Carles Puigdemont, de no asumir su cese y aparentar que ejerce el cargo de supuesto presidente de una inexistente república independiente de Cataluña. Y el Ejecutivo empieza a ejercer ese poder a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), que en su edición del sábado establece que Soraya Sáenz de Santamaría es desde la madrugada del pasado sábado la presidenta de facto de la Generalitat.
Rajoy cede los poderes
Tras la destitución de Puigdemont y de todos sus consejeros, la primera decisión del Gobierno, tal y como se recoge en el artículo 3 del decreto publicado el sábado en el BOE, es que Mariano Rajoy «asume las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat de Cataluña» previstas en el Estatuto catalán. Pero en el artículo 7 se especifica que Rajoy las delega en la vicepresidenta del Gobierno.
De esta manera, la número dos del Ejecutivo une a sus amplísimas competencias en el Gobierno de España el poder total en Cataluña. Bajo su mando estarán organismos clave para restaurar el orden constitucional, como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) o el Cesicat, una especie de servicio de inteligencia catalán, además de la Secretaría General de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación, el Centro de Estudios de Opinión y el Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Cataluña, ente otros.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, será otra de las figuras clave en Cataluña, al asumir gran parte de las responsabilidades que ejercía el exvicepresidente de la Generalitat y exconsejero de Economía Oriol Junqueras, entre ellas la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro, la de Patrimonio y la de Tributos y Juegos.
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Pero, tras el reparto de competencias en Cataluña entre los distintos ministerios, la primera decisión de calado la tomó el responsable de Interior, Juan Ignacio Zoido, que dispuso el cese de Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos d’Esquadra. El Ejecutivo quiso demostrar su intención de intervenir solo lo estrictamente necesario para garantizar el orden constitucional y la neutralidad hasta la celebración de las elecciones y se limitó a correr el escalafón y designar como sustituto de Trapero al que hasta ahora era su segundo en los Mossos, el comisario Ferran López, con el que Zoido habló el sábado por teléfono para pedirle «leal colaboración».
En cada una de las habilitaciones que se disponen, los decretos del Gobierno establecen que estas «se realizarán con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la autonomía de Cataluña». En otra muestra de normalidad en el ejercicio del poder en Cataluña, el sábado se celebró en Madrid la primera reunión con los subsecretarios de los ministerios que asumen las competencias del Gobierno catalán, que estuvo presidida por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.
El Ejecutivo elude valorar la negativa de Puigdemont a asumir su destitución
El Gobierno eludió valorar la declaración grabada difundida el sábado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la que pide a los catalanes una «oposición democrática a la aplicación del artículo 155». El Ejecutivo se limitó a señalar que Puigdemont está destituido «a todos los efectos» y remitió al ámbito judicial la adopción de cualquier medida que pueda tomarse por los actos o declaraciones que realice. A pesar de ello, el Ejecutivo trasladó una queja a TV3 por el hecho de que en los rótulos de las imágenes de su declaración se presentara a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.
De lo que el Ejecutivo huye es de caer en cualquier provocación. Por ello, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló el sábado que si Puigdemont se niega a abandonar su puesto responderán con «inteligencia y sentido común». Pero el también ministro de Educación no solo admitió que, si el expresidente catalán quiere continuar en política, «está en su derecho», sino que lo animó a hacerlo. «Creo que debería prepararse para las próximas elecciones», señaló Méndez de Vigo en una entrevista en la que explicó que «es bueno someterse a la consulta democrática y que los catalanes digan qué es lo que opinan de las políticas que ha llevado a cabo el señor Puigdemont». Y, respecto a posibles actuaciones penales contra él, el portavoz indicó que el poder judicial es «independiente» del Ejecutivo, por lo que serán los jueces los que decidirán, ya que «nadie está por encima de la ley». Puigdemont está ahora mismo imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia y prevaricación por la organización del referendo ilegal del 1 de octubre. Y la Fiscalía General del Estado tiene pensado presentar mañana una querella por rebelión contra él, todos sus exconsejeros y la Mesa del Parlamento catalán.
