Arranca la vía penal contra los secesionistas

El Supremo y la Audiencia Nacional citan para el jueves y el viernes a Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los otros 17 querellados, para los que la Fiscalía se plantea pedir prisión provisional


Redacción / La Voz

Carles Puigdemont se puso el martes la venda antes que la herida. En su comparecencia ante la prensa en Bruselas, dijo que está a disposición de la Justicia, pero acto seguido dio a entender claramente lo contrario, al advertir que no volverá a España «sin garantías de un juicio justo». No habrá que esperar mucho para comprobarlo. Solo unas horas después, la jueza Carmen Lamela admitió la querella presentada el lunes por la Fiscalía y emitió un auto en el que cita a declarar como investigados para el jueves y el viernes a los catorce querellados, con Carles Puigdemont a la cabeza. Paralelamente, deberán comparecer también ante la Justicia, en este caso ante el Tribunal Supremo, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara acusados igualmente de rebelión, sedición y malversación.

La maquinaria de la Justicia se ha puesto en marcha inmediatamente, aunque los ritmos de los tribunales son distintos. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha asumido la querella presentada contra Puigdemont y los miembros de su equipo de gobierno, no solo los ha citado a declarar para las 9 horas del jueves, sino que ha fijado ya una fianza solidaria de 6.207.450 euros que deberán depositar en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de embargo de sus bienes. El Tribunal Supremo, que admitió a trámite el martes la querella contra Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán, los citó a declarar también para las 9.30 horas del jueves, pero no ha dictado ninguna medida más. Es más, en el auto firmado por los cinco magistrados de la sala de admisiones, estos aluden a la argumentación de la Fiscalía para fundamentar la concurrencia de violencia, que es lo que justificaría la acusación del delito de rebelión, pero matizan que eso es algo que aún deberá determinarse en la fase de instrucción que ahora se abre, y que recaerá en el juez Pablo Llarena.

Rebelión o conspiración

Una advertencia obvia, pero significativa, ya que abre la puerta a rebajar la calificación fiscal a la de tentativa de rebelión. Los magistrados señalan que durante la instrucción se verá si, como sostiene el fiscal, los actos de los que se acusa a los querellados «son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal [el delito de rebelión] o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria». La diferencia es apreciable, porque este tipo penal reduce uno o dos grados la pena con respecto al delito de rebelión, es decir, si la pena mínima es de 15 años se quedaría en siete años y medio de prisión (un grado) o, en su defecto, en tres años y ocho meses de cárcel (dos grados)..

La jueza de la Audiencia Nacional, en cambio, es mucho más expeditiva en su auto. De hecho, considera que el fiscal expone de manera «seria, racional y lógica» los motivos que le llevan a efecuar su calificación de los hechos narrados en la querella como un delito de rebelión. Y esos hechos, recuerda la jueza Lamela, son, según la Fiscalía, que los querellados «urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre».

No obstante, la jueza advierte que en esta fase inicial de admisión de la querella no hay todavía una imputación judicial, ya que esta dependerá de si existen indicios de que la conducta delictiva que se atribuye a los querellados ha sido efectivamente ejecutada o no.

Riesgo de fuga y reiteración

Una vez que las querellas han sido admitidas a trámite, la Fiscalía sopesa ahora solicitar prisión provisional para los querellados en las vistillas que la jueza prevé realizar tras los interrogatorios. La Fiscalía podría sustentar su petición de cárcel en el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas, que pueden llegar hasta los 30 años de cárcel en la acusación de rebelión, e incluso en la reiteración delictiva, a la vista de la rueda de prensa ofrecida el martes por Puigdemont en Bruselas. En el supuesto de que no se presente a declarar, la fiscalía solicitará a la jueza que dicte una orden de detención europea.

La Guardia Civil busca correos de Trapero sobre el dispositivo del 1-0

La Guardia Civil buscó correos electrónicos del hasta ahora mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero vinculados al dispositivo de la policía catalana con motivo del referendo del 1-O. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió el martes a la Guardia Civil a una decena de las principales comisarías de los Mossos, entre ellas su sede central en el complejo Egara, en Sabadell (Barcelona), con un requerimiento para obtener las grabaciones de sus comunicaciones por radio durante la jornada para determinar si Trapero cumplió con el mandato de impedir la votación.

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