La jueza de la Audiencia Nacional aplaza la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat, que permanece en Bélgica. El exresponsable de Empresa Santi Vila es el único de los acusados que podrá eludir la prisión con una fianza de 50.000 euros. El Tribunal Supremo pospone el interrogatorio de Carme Forcadell y de los miembros de la Mesa, pero los pone bajo vigilancia policial. Este es el auto de la jueza Lamela
03 nov 2017 . Actualizado a las 07:21 h.«Basta recordar el hecho de que algunos ya se han desplazado a otros países, eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido». La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se apoyó ayer en la fuga a Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y de cuatro miembros de su destituido Gobierno, para decretar la prisión incondicional sin fianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de siete exconsejeros ante el evidente riesgo de fuga. Solo el exconsejero de Empresa Santi Vila, que dimitió de su cargo antes de que el Parlamento catalán proclamara de manera unilateral la independencia, tendrá la oportunidad de abandonar la prisión si deposita una fianza de 50.000 euros, ya que, según la jueza, «desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista» el 26 de octubre.
Todos ellos ingresaron de manera inmediata en la cárcel, tal y como había solicitado la Fiscalía, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Vila, que según su abogado durmió ayer en prisión «por solidaridad» con sus excompañeros, podría depositar hoy mismo la fianza. Los acusados se enfrentan a posibles condenas que podrían acarrearles hasta 50 años de prisión. La jueza cifra en 25 años la posible pena por rebelión, 15 por sedición y de ocho a diez por malversación. En el caso de los siete exconsejeros enviados a la cárcel sin fianza, la magistrada tiene en cuenta como argumentos para decretar la prisión incondicional, además del precedente de Puigdemont, el alto poder adquisitivo de todos ellos, lo que les permitiría «abandonar el territorio español y subsistir en el extranjero»; la «alta probabilidad» de ocultación, alteración y destrucción de fuentes de prueba «teniendo en cuenta los cargos que han ostentado hasta hace tan solo unos días en las principales instituciones del Govern», y el «alto riesgo de reiteración delictiva», aspecto este último que la magistrada no aprecia en el caso de Santi Vila, por lo que le impone una fianza.
DOS años desobedeciendo
Acción «organizada». La argumentación de la magistrada para decretar la prisión no se limita a los hechos acaecidos en los últimos días, sino que estima que la acción de los querellados fue «meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia». Todos ellos actuaron, explica, «dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarlos en su posible huida de la Justicia».
Puigdemont, a la espera
Orden de detención pospuesta. La jueza Lamela pospuso la decisión de dictar, como le había solicitado la Fiscalía, las órdenes de detención contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que no acudieron a su citación como investigados. Tras redactar los autos de prisión del exvicepresidente Junqueras y los ocho exconsejeros, la magistrada tuvo que continuar con su trabajo y hacerse cargo de otros detenidos, al encontrarse de guardia. La Fiscalía había pedido una orden europea de detención y entrega (OEDE) por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), y solicitó que se dirigiera a las autoridades belgas, al estar constatado que viajaron a ese país.
No responden preguntas
Vila se desmarca. Tanto el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras como los otros siete exconsejeros enviados a prisión sin fianza se negaron a responder a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira y solo contestaron a las cuestiones planteadas por sus abogados, todas ellas dirigidas a favorecer su situación y negar las acusaciones. Distinta fue la estrategia de Santi Vila, que se desmarcó de sus excompañeros y respondió durante 45 minutos a todas las preguntas que le formuló la Fiscalía. Vila estuvo representado por su propio abogado, Pau Molins, el mismo que defendió a la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos.
Ingreso en dos cárceles
Estremera y Alcalá Meco. El exvicepresidente Oriol Junqueras y los seis exconsejeros de la Generalitat Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Santi Vila (Empresa) y Josep Rull (Territorio) fueron enviados a la prisión de Estremera, mientras que las exconsejeras Meritxell Borràs (Gobernación) y Dolors Bassa (Trabajo) ingresaron en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá Meco. Ninguno de ellos coincidirá por tanto en prisión con los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, recluidos en Soto del Real.
Forcadell, bajo vigilancia
Declaración aplazada. Distinta suerte a la de los exconsejeros corrieron la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara, acusados también de los delitos de rebelión, sedición y malversación, pero cuya causa se ve en el Tribunal Supremo al mantener todos ellos la condición de aforados como miembros de la Diputación Permanente. El juez Pablo Llarena los dejó en libertad, aunque bajo vigilancia policial, hasta el próximo día 9, fecha en la que tendrán que prestar declaración, para evitar que puedan eludir la acción de la Justicia como ha hecho Puigdemont. El magistrado aceptó la petición de los abogados de los querellados de posponer la declaración ante su situación de «indefensión», al haber sido citados con solo 24 horas de antelación. Los seis investigados tuvieron que facilitar sus domicilios y sus teléfonos de contacto para estar localizables en todo momento. El abogado Javier Melero, defensor de tres exmiembros de la Mesa -Lluís María Coromina, Lluís Guinó y Ramona Barrufet- estimó que el hecho de que Carles Puigdemont haya decidido no acudir a la Audiencia Nacional perjudica a sus defendidos. «Sí, por supuesto», contestó al ser preguntado.
Buscaron el «efecto intimidatorio» de los Mossos, dice la jueza
La declaración unilateral de independencia «llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban». La frase incluida en el auto de prisión puede ser clave para determinar si hubo o no delito de rebelión, ya que parece asumir la tesis del Fiscal de que no es necesaria la violencia física y basta la intimidatoria. Recuerda en este sentido unas declaraciones del consejero de Interior, Joaquim Forn, en las que dijo que «si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías».
Señala la jueza que los acusados alentaron «movilizaciones tumultuarias» y «contra los funcionarios de Guardia Civil y policía». Esa actuación «iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado». Los querellados «formaban parte del Govern, en cuyo seno los acuerdos se tomaban de forma conjunta y en reuniones periódicas», y «se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado», ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y «sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso». Destaca además que Puigdemont pidió a los alcaldes que cediesen colegios electorales para celebrar el referendo ilegal y que, cuando algunos se negaron, en un mitin de ANC «hizo un llamamiento al enfrentamiento de los asistentes con estos alcaldes al decirles: “Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no; vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas”».
Los imputados urdieron «una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaría a la celebración del referendo ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia». Asume la jueza que la planificación y celebración de ese referendo fue financiada «con fondos públicos», lo que apunta al delito de malversación.
El brazo civil del levantamiento
El auto analiza también el papel de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, que actuaron «como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern, favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre». Además, el 1 de octubre consiguieron «concentrar a un elevado número de personas» que ofrecían resistencia y «trataban de impedir el acceso de la fuerza policial a los distintos centros en los que se estaban llevando a cabo las votaciones» ilegales.
Respecto a los Mossos d’Esquadra, el auto describe que su actitud el 1-O fue «pasiva», manteniéndose «al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que miembros de la Guardia Civil eran agredidos».