Una normativa de la UE obliga a enterrar los desechos animales lo que obliga a hacer una inversión millonaria a los ganaderos. Los profesionales reclaman una excepción para el Principado
18 ene 2018 . Actualizado a las 08:42 h.Ya no se puede extender el estiércol sobre el campo ni tampoco regarlo con los purines, como siempre se ha hecho en Asturias. Una nueva normativa de la Unión Europea (UE), en vigor desde el 1 de enero de 2018 y de obligado cumplimiento a partir de 2019, obliga a enterrarlos. La medida pretende aminorar la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la contaminación que se genera en la agricultura y la ganadería. Esta decisión verde se ha convertido en una nueva amenaza de ruina sobre el campo asturiano. El nuevo mandato europeo exige la compra de maquinaria muy cara. Incluso en algunas zonas del Principado, por su orografía, sería imposible de cumplir. Los profesionales han levantado la voz de alarma mediante los sindicatos. Explican que en Asturias no existe ningún problema de contaminación -ni del agua ni ambiental- que justifique estas políticas. Tampoco el modelo de explotación es agresivo con el entorno. Incluso creen que sería negativo para los pastos permanentes, ya que inyectar líquidos produciría una erosión parecida a la que causan los jabalíes. Así que reclaman que, aprovechando un pequeño resquicio de la ley, el Gobierno regional declare a toda Asturias como zona de excepción, libre de estas exigencias.
La movilización está en marcha. Sindicatos como UCA y COAG se han reunido con la administración para buscar alternativas. La opción que gana más peso es la de montar un frente cantábrico, porque tanto Galicia como Cantabria enfrentan el mismo problema, con un modelo productivo muy similar. Mercedes Cruzado, de COAG, reconoce que el noroeste español es diferente al del resto de Europa, donde las cooperativas o las grandes explotaciones tienen más peso, y lamenta que nadie haya contado con esta especificidad a la hora de planificar. Cruzado y José Ramón García Alba, de UCA, también se quejan que no se haya tenido en cuenta el esfuerzo ambiental que han realizado hasta ahora. Las fosas sépticas en Asturias tienen que estar cubiertas y eso evita el 80% de las emisiones. Además, no existe contaminación en los manantiales.
¿Qué dice Europa?
El Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, modifica varios puntos relacionados con la Política Agraria Común (PAC) a partir del 2018. En concreto, señala que el purín no podrá aplicarse mediante sistemas de plato, abanico o cañones sino que deberá inyectarse. En el caso de los estiércoles sólidos tendrán que enterrarse en el menor plazo posible. La ley establece excepciones, de manera muy genérica. Con los purines, concede a las comunidades autónomas la posibilidad de, atendiendo a las características del territorio, la orografía y el clima, aplicar excepciones que estén debidamente justificadas. Algo similar fija para el estiércol. Dice que los Gobiernos regionales podrán liberar a los profesionales en tipos de cultivo de siembra directa o mínimo laboreo y en pastos permanentes o cuando se abone cultivos ya plantados.
Los profesionales denuncian, en primer lugar, que tendrán que invertir miles de euros. Solo el aparato que se conecta a la cuba para la inyección cuesta, como mínimo, 12.500 euros, según un estudio realizado por COAG-Asturias. Si la cuba es antigua y no sirve para instalar este dispositivo habrá que renovarla. Eso como mínimo son otros 20.000 más. Si su peso es muy superior también habrá que gastar en un tractor nuevo con CV suficientes para poder arrastrarlo. Eso con respecto a la parte económica. Pero hay más efectos colaterales. Tanto Mercedes Cruzado como José Ramón García aseguran que se dañarán los pastos permanentes ya que se trata de una acción agresiva con el manto vegetal. Cruzado añade, incluso, que en muchas zonas hay piedra, lo que estropeará la maquinaria e impedirá que se inyecte de modo adecuado. La obligación de enterrar con rapidez el estiércol supone una dificultad añadido.
¿Qué piden los profesionales del campo?
Los profesionales asturianos están convencidos de que supondrá la puntilla a un sector con duras condiciones. No quieren cumplirlo. En Asturias no hay problemas con la contaminación o de malos olores, como en otras zonas de España y de Europa. «Donde hay realmente puede tener sentido es en donde hay grandes granjas de porcino. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros», la secretaria general de COAG. Garantizan que en el Principado la emisiones se redujeron ese 80% al cubrir las fosas y que los manantiales están limpios.
UCA aceptaría que el Gobierno regional asumiera una serie de excepciones. Plantea que se deje fuera a los terrenos con más de un 10% de pendiente y a los minifundios con menos de 5.000 metros cuadrados. También reclama que se tenga en cuenta la temperatura. Por debajo de 12 grados se podría seguir utilizando el sistema tradicional de regar los purines y echar el estiércol. COAG, en cambio, considera que estas perrogativas son insuficientes y quiere la exención total de cumplimiento de la normativa europea. Cruzado explica que sigue haciendo muchas explotaciones familiares con pequeños terrenos y que hay fincas de difícil acceso aunque con menos pendiente de un 10%.
A pesar de estas pequeñas diferencias, todos coinciden en que darán la batalla. COAG ha enviado incluso un escrito al director del área de Agricultura, de la Delegación del Gobierno en el que solicita la intervención del ministerio. Reclama al Ejecutivo central del PP que realiza las gestiones necesarias para liberar al Principado de acatar el real decreto.
«Han sido el fertilizante por antonomasia, ligando de manera complementaria a dos de las actividades fundamentales de la producción agraria, la ganadera y la agrícola», explica José Ramón García, quien precisa que la llegada de los fertilizantes inorgánicos han puesto el foco de la atención pública sobre esas prácticas tradicionales.