La UE da a España siete días para elaborar un plan contra la contaminación del aire
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30.000 españoles mueren de forma prematura al año por su exposición a partículas y dióxido de nitrógeno
31 ene 2018 . Actualizado a las 07:24 h.La Comisión Europea reconoce estar «frustrada» por los reiterados incumplimientos en los que ha incurrido el Gobierno español en materia medioambiental. Hasta 24 expedientes permanecen abiertos por incumplir la legislación europea, pero uno preocupa especialmente al equipo del Comisario de Medioambiente, Karmenu Vella: La contaminación del aire. El maltés se reunió ayer de urgencia con los responsables políticos de nueve países de la UE para ponerles un ultimátum sobre la mesa. O presentan en el plazo de una semana planes creíbles para reducir la exposición de los ciudadanos a las partículas (PM10) y el dióxido de nitrógeno (NO2) o acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a solicitar sanciones. «No podemos aplazarlo más. Hoy 400.000 personas están muriendo de forma prematura cada año por el fracaso masivo a la hora de afrontar el problema», denunció Vella ante los responsables de medio ambiente de España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia.
La Agencia Europea de Medioambiente cifra en 23.000 las defunciones anuales que se registran en España por la exposición continuada al PM10 y 6.500 por NO2. Insuficiencias respiratorias, cardiovasculares, problemas de fertilidad, problemas neurocognitivos, obesidad, demencia y alzhéimer son algunas de las enfermedades asociadas a estos agentes contaminantes, «los más graves en términos del daño para la salud humana», según el organismo. Sus efectos también repercuten en la economía. La UE pierde cada año 20.000 millones de euros por el coste de los tratamientos vinculados a la contaminación del aire y la bajada de la productividad de los afectados en el trabajo. La OCDE calcula que en el 2060, los países europeos destinarán una media de 2.300 euros per cápita (2 % del PIB de la UE) a contrarrestar sus efectos.
Hay varios núcleos urbanos españoles en el punto de mira. El área de Avilés (Asturias), la más castigada, y Villanueva del Arzobispo (Jaén) están bajo el influjo del PM10, producido por la industria, la agricultura, el consumo de calefacción y el transporte. Otras siete áreas de la geografía española, entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, sufren los efectos de los elevados niveles de NO2 derivados del uso masivo de vehículos diésel.
La Secretaria de Estado de Medioambiente, María García Rodríguez, trató de sacudir las responsabilidades del Gobierno central y apuntó hacia tres frentes: Las Administraciones regionales, los ayuntamientos y los propios ciudadanos: «Hacemos un llamamiento a la colaboración y los gestos de cada uno [...]. Todos podemos ayudar con gestos para el cambio hacia una movilidad más limpia», sostuvo tras el encuentro, al que no asistió la ministra de Medioambiente, Isabel Tejerina. García también trató de minimizar el problema asegurando que «estamos en mejores condiciones que el resto de países», defendió. Bruselas no lo ve así. Las medidas presentadas por cada uno de los nueve países no convencen a Vella: «No son lo suficientemente sustanciales. Los estados miembro tienen la responsabilidad de actuar».
Madrid plantea vetar los vehículos con más años en los días de alta polución
El gobierno municipal de Madrid ha propuesto un cambio de su protocolo contra la contaminación para prohibir durante los episodios de alta polución la circulación en toda la ciudad a los vehículos que llevan más años en circulación. En la Comunidad de Madrid, 1.792.208 vehículos no tienen etiqueta ambiental ni la tendrán nunca, porque contaminan. Son los matriculados antes de 2000 y los diésel adquiridos antes del 2006.