El Defensor del Pueblo dice que la «cuasi» congelación de las pensiones puede ser inconstitucional

Cuestiona el mínimo legal de subida del 0,25 % y considera que provocará  el «empobrecimiento constante de todos los pensionistas»

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugan, entrega el informe anual de su institución a la presidencia del Congreso
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugan, entrega el informe anual de su institución a la presidencia del Congreso

El Defensor del Pueblo advierte en su Informe anual sobre crisis económica y desigualdad de que la fórmula actual de revalorización de las pensiones permite anticipar una cuasi congelación de las mismas (al subirse únicamente el mínimo legal del 0,25%) durante años, lo que, una vez recuperada la inflación, provocará el «empobrecimiento constante de todos los pensionistas».

Esta situación, alerta el Defensor del Pueblo, «podría suscitar dudas» respecto a la previsión constitucional, recogida en el artículo 50 de la Carta Magna, que insta a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas «y periódicamente actualizadas», la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

La nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que liga su actualización a la evolución financiera de la Seguridad Social, volvió a a ser en 2017 motivo de «numerosas quejas» de ciudadanos y asociaciones al Defensor del Pueblo.

De hecho, la institución recibió el año pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 procedía del Valedor do Pobo de Galicia) solicitando la convocatoria de un referendo para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.

«Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección futura, cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible», explica.

El Defensor del Pueblo rechazó en su día presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva fórmula de revalorización de las pensiones al entender que fue una opción del legislador, que debe quedarse en el debate político y social, y también porque ya fue recurrida por siete fuerzas políticas con representación en el Parlamento.

Ahora bien, ello no impide que el Defensor del Pueblo advierta de las consecuencias de mantener en el tiempo esta fórmula de revalorización, pues en los primeros años de su aplicación no afectó apenas al poder adquisitivo de los pensionistas, pero a partir de la recuperación de la inflación (en 2017 ya comenzó la tendencia), empobrecerá a los pensionistas. Y ahí, dice, es cuando esta situación podría chocar con el artículo 50 de la Constitución.

800 euros mensuales

Ésta es una de las principales «vulnerabilidades» que aprecia el Defensor del Pueblo en lo tocante a la adecuación de las pensiones, junto a la «modesta» cuantía de las mismas y la existencia de una brecha de género tanto en el acceso a la pensión como con su importe.

Concretamente, el Defensor del Pueblo evidencia que el 60% de las pensiones no supera los 800 euros mensuales, con una cuantía media que ronda los 925 euros. «Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años», agrega.

Asimismo, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el hecho de que el porcentaje de mujeres de entre 60 y 79 años con derecho a una pensión es un 13% inferior al de varones y considera incluso «más preocupante» que la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es un 40% inferior. Asimismo, la brecha en la cuantía media de las pensiones (tanto de jubilación como del total) roza también el 40%.

Alerta sobre el déficit de la Seguridad Social

Para el Defensor del Pueblo, «lo más urgente» es corregir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social por la «extraordinaria incertidumbre» que genera entre los pensionistas y la sociedad. El déficit se situó a finales de 2017 en 18.800 millones de euros y, aunque el Gobierno prevé ir reduciéndolo en los próximos años, la institución considera que la «magnitud» del desequilibrio en los próximos años «sigue siendo preocupante».

A su juicio, «parece difícil» que el déficit pueda desaparecer «simplemente a través de la recuperación de los empleados perdidos durante los años más duros de la crisis y de una progresiva mejora de las condiciones salariales».

Así, entiende que, una vez descartado el uso del Fondo de Reserva (donde apenas quedan 8.000 millones de euros), en el plazo más inmediato sólo cabrían dos opciones: endeudarse o incrementar las fuentes de financiación habituales mediante una subida de cotizaciones o el aumento de las aportaciones del Estado.

El Defensor del Pueblo no prejuzga estas opciones, pero sí dice que que habría dificultades para incrementar la emisión de deuda pública; que los ingresos por cotizaciones en España son «sensiblemente inferiores» a los de otros países de su entorno pese a contar con unos tipos de cotización ligeramente superiores a la media europea, y que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social (alrededor de un 9% del total de ingresos) son bajas en comparación con Alemania y Francia, donde representan un 25%.

Respecto a la sostenibilidadad del sistema a medio y largo plazo, la institución señala que la vía que se eligió en la reforma de 2013 fue la de propiciar una «progresiva caída de la pensión media real que, a la atura de 2050», permitiría mantener el gasto total en pensiones en niveles similares a los actuales, en un contexto en el que el número de pensionistas superaría los 15 millones.

«Ello tendría un fuerte impacto en la cuantía de las pensiones amenazando su acuadación y algo seguramente más importante, el grado de sostenibilidad social. La dimensión eminentemente política de esta cuestión deberá llevar a la sociedad española a decidir qué esfuerzo de financiación está dispuesta a destinar a sus pensiones públicas», apunta.

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