El SOMA rechaza que se subvencione el cierre de empresas en la transición ecológica

José Luis Alperi ha reclamado un proceso «justo, sosegado y dialogado», con una planificación a corto y medio plazo

José Luis Alperi, secretario del SOMA-FITAG-UGT
José Luis Alperi, secretario del SOMA-FITAG-UGT

Redacción

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha reclamado una transición energética «justa, sosegada y dialogada» en la que no se plante el cierre de sectores a cambio de compensaciones económicas para los territorios porque lo que estos van a necesitar es industria y empleo de calidad. Alperi ha hecho estas declaraciones a los medios tras asistir en Oviedo a la toma de posesión de Delia Losa como nueva delegada del Gobierno en Asturias, acto en el que se ha comprometido a defender una transición energética que no se traumática para la sociedad y para la industria.

Para el dirigente del sindicato minero «debe de haber planificación a corto y medio plazo» con estudios económicos y de viabilidad que permitan conocer cuánto va a costar a los ciudadanos y a la industria el cierre de minas y centrales térmicas, así como la forma en la que se van a implementar los megavatios que dejarán de generarse con carbón. «Si alguien pretender cerrar sectores a cambio de compensaciones económicas para los territorios, que sepa que eso pertenece ya a épocas pasadas y que lo que las comarcas mineras necesitan es industria y empleo de calidad que ayude a fijar población y que no haga de estos territorios unos guetos o territorios despoblados», ha subrayado

Alperi ha incidido en que la transición energética debe negociarse «con tranquilidad y tiempo» y que no puede concebirse «de manera abrupta, sino que debe ser justa, sosegada y dialogada». En este punto, ha recordado que ya han pedido reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y que espera que ésta dé prioridad a ese encuentro para que pueda tener lugar de manera inminente.

«Vamos a exigir desde el SOMA compromiso y voluntad política con el sector minero», ha afirmado Alperi que está convencido de que el carbón «va a seguir formando parte del mix energético» y que una parte de este seguirá siendo carbón español.

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Raúl Álvarez

El Gobierno galo ofrece ayudas y firma unos contratos concretos y evaluables a las comarcas donde cierran minas, térmicas o nucleares. Las metas son renovar el tejido económico, crear empleos y abrir industrias limpias

Aún están vivos los litigios entre Asturias y el Gobierno central por los fondos mineros que el boli rojo del ministro Montoro retuvo apenas instalado el PP en el Gobierno a principios del 2012. El regreso del PSOE al poder puede facilitar acuerdos sobre esos facturas pendientes de cobro, pero no va a devolver la vitalidad a las ayudas que han financiado obras, proyectos empresariales y cursos de formación en las cuencas del Nalón, el Caudal y el Narcea desde los años 90. Los planes del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez van por otros caminos y el Ministerio para la Transición Ecológica encomendado a Teresa Ribera, como sugiere ya desde su nombre, no está ahí para salvar el carbón ni la actividad de las centrales térmicas. El gabinete mira ahora a Francia y a su modelo para descarbonizar y desnuclearizar la economía, plasmado en una ley del 2015 y acelerado desde finales del 2017 por Emmanuel Macron. Lo que interesa a los socialistas españoles para contener el impacto laboral, social y económico del desmantelamiento del carbón son los contratos de transición ecológica que el país vecino ofrece para poner al día su tejido productivo a las comarcas donde se produzcan cierres de centrales térmicas o nucleares.

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