El Supremo retrasa dos semanas la decisión del impuesto de las hipotecas y agrava el caos

ana balseiro / Vídeo: Gladys Vázquez, Álex López-Benito MADRID / LA VOZ

ACTUALIDAD

Gladys VázquezÁlex López-Benito

La falta de criterio definitivo sobre si debe pagar el banco o el cliente dilata la firma de escrituras

23 oct 2018 . Actualizado a las 19:31 h.

La reunión de urgencia celebrada este lunes entre el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, y los seis magistrados que componen el tribunal que dictó la semana pasada la sentencia que acordó que era el banco y no el cliente el que debía pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) que grava las hipotecas no arrojó ninguna luz sobre si finalmente se confirmará o no dicho «giro jurisprudencial». Y es que el pleno de la Sala Tercera, a cuya reunión «urgente» instó Díez-Picazo el pasado viernes (24 horas después de la sentencia), se ha dado dos semanas más para tomar una decisión. Es decir, que el Supremo dejará pasar el puente de Todos los Santos sin aclarar quién tiene que abonar el citado gravamen, ya que el pleno no se reunirá hasta el 5 de noviembre, dando la espalda a las críticas, con la de que provoca inseguridad jurídica a la cabeza.

Este escenario agudiza la confusión que se ha desatado sobre el pago de AJD, ya que mientras que una sentencia dictada a finales de febrero por la Sala Primera (la de lo Civil) del Supremo establecía que era el cliente y no el banco el que tenía que liquidarlo en las arcas públicas de la comunidad autónoma correspondiente, la fechada el pasado día 16, correspondiente a la sección segunda de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), resolvía lo contrario.

Ante esta disparidad de criterio es lógico que cada afectado actúe del modo que mejor se ajuste a sus intereses. Así, algunos clientes han optado por posponer la firma de las escrituras que ya tenían prevista hasta que el Supremo se pronuncie definitivamente, mientras que desde la Asociación Española de Banca (AEB) su portavoz explicaba este lunes que hasta que no llegue ese momento «cada banco tomará las decisiones que considere oportunas, de acuerdo a su propia política comercial».

Las principales entidades han retirado de sus páginas web la información sobre hipotecas, por si la decisión final grava a la banca y es preciso encarecer los créditos, algo que algunos bancos ya están revisando. Otros niegan que se haya paralizado la firma de hipotecas, «porque la ley en vigor establece que el impuesto lo tiene que pagar el cliente». De este modo, constatada la enorme casuística, desde la AEB sostienen que no se puede afirmar que la venta de hipotecas esté totalmente parada, aunque haya bancos que no den información sobre ellas en las oficinas o en su web.

Lo único claro es que ni clientes ni entidades quieren pagar un impuesto que aún no saben si recaerá sobre ellos. La comisión permanente del Consejo General del Notariado ha enviado a los casi 3.000 notarios del país unas indicaciones internas sobre cómo proceder hasta que se aclare la situación. Aunque aconsejan que se siga formalizando la escritura de los préstamos con normalidad, tienen que informar al consumidor del contenido de la última sentencia y de que aún se desconoce quién tendrá finalmente que pagar el impuesto. Asimismo, explican a las partes que disponen de un plazo de 30 días hábiles para liquidar el tributo en la Hacienda autonómica que corresponda, por lo que podrían formalizar la hipoteca incluyendo tal salvedad y que cuando el Supremo siente jurisprudencia lo abone quien corresponda. Aunque las fuentes consultadas no dan cifras, amparándose en la casuística existente, sí se constata que una pequeña parte de las firmas comienzan a retrasarse. Tras el encuentro con Díaz-Picazo y los magistrados responsables de la última sentencia, Lesmes hizo pública una nota en la que informaba de que dicho fallo «es firme y no susceptible de revisión por el pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del artículo 68, párrafo segundo, del reglamento» de AJD. «Simultáneamente a dicha sentencia, se deliberaron, votaron y fallaron otras dos entre las mismas partes y con similar objeto, pendientes solo de notificación. Estas tampoco son susceptibles de revisión», añade.

Guerra interna

En un intento de lavar la mala imagen que de la judicatura han dado los últimos acontecimientos, Lesmes señala que todos los implicados (los magistrados que dictaron la sentencia y Díaz-Picazo, que la dejó en suspenso apelando a su enorme impacto social y económico) «actuaron con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso». Sin embargo, en la calle y en el Parlamento hay grupos que apuntan a las presiones de la banca como inductoras de lo ocurrido, y desde el colectivo de Jueces para la Democracia piden la dimisión de Díez-Picazo. Los expertos auguran que este asunto acabará también, como ocurrió con las cláusulas suelo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.