Gana la banca, paga el cliente

Tras dos días de deliberaciones, un Supremo fracturado decidió, por 15 votos contra 13, mantener la doctrina de que sea el prestatario y no la entidad quien abone el impuesto

Protesta frente al Tribunal Supremo
Protesta frente al Tribunal Supremo

Redaccion

Con tres escuetas líneas el Supremo daba ayer a conocer, al filo de las ocho de la tarde, que la posibilidad de que sea el banco y no el cliente quien pague el impuesto sobre las hipotecas ha sido un espejismo que ha durado apenas tres semanas. Después de dos días enteros de deliberaciones, el pleno de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, acordó, por 15 votos frente a 13,«volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en los préstamos hipotecarios es el prestatario». Y curiosamente fue el voto del presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, quien desató la polémica, el que inclinó la balanza del lado de la banca tras cambiar su voto.

 El alto tribunal zanja así semanas de incertidumbre y devuelve la seguridad jurídica sobre una cuestión que paralizó el mercado hipotecario y le pasó una abultada factura a la banca en el parqué, donde en un solo día llegó a perder más de 5.000 millones de capitalización bursátil. Sin embargo, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, y la decisión del Supremo no solo ha sido un jarro de agua fría para los hipotecados que ya se veían recuperando el dinero abonado, sino que, además, ha dejado maltrecho el prestigio de la institución.

Porque el nuevo giro de 180 grados, para acabar volviendo a la casilla de salida -en los últimos 23 años siempre fue el cliente quien pagó a la Hacienda autonómica el ahora controvertido impuesto- ha mostrado a un Supremo profundamente fracturado, como muestra lo ajustado de la votación de los 28 magistrados que participaron (tres se ausentaron por diferentes motivos).

Dos votos de diferencia

Con 15 frente a 13, es decir, por solo dos votos de diferencia, se impuso el criterio de no cargar a la banca con el AJD, como sostuvo una sección de la Sala Tercera en sus últimas tres sentencias, favorables a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid. El primero de dichos fallos, fechado el 16 de octubre pero publicado el 18, fue el que abrió la caja de los truenos que sacudió no solo a la banca, sino también al propio tribunal. Y es que el hecho de que, apenas 24 horas más tarde de publicarse la sentencia, el presidente de la Sala Tercera anunciara que convocaría un pleno para decidir si se confirmaba o no el «giro jurisprudencial» que iba en contra de los intereses del sistema financiero desató una profunda desconfianza social sobre la independencia del tribunal, descrédito que la división mostrada ayer por los magistrados enterró aún más.

Aunque el texto de las sentencias sobre las que se pronunció el pleno de la Sala, junto con los votos particulares, se conocerá «en los próximos días», las primeras reacciones a la inesperada pirueta del tribunal fueron inmediatas.

Daño «irreparable» a la Justicia 

«Si se hubiera gestionado bien desde el principio, no se habrían generado esas expectativas en los ciudadanos y ahora esta frustración», aseguraba ayer a Efe el portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, sosteniendo que el Supremo «debe tener razones poderosas» para «contradecir lo que dicen los especialistas en derecho tributario». Cree que el daño hecho a la Justicia es «irreparable» y auguró aún «un largo camino», ya que los consumidores recurrirán a la Justicia europea. Esta asociación pidió también, en su cuenta de Twitter, la «inmediata dimisión de Lesmes y Díaz-Picazo» (presidentes del Consejo General del Poder Judicial y de la Sala Tercera del Supremo, respectivamente), y apeló «al Parlamento para que actúe en defensa de los consumidores».

En el plano político, las valoraciones fueron diversas. Así, mientras que el Ejecutivo prefirió no hacer comentarios hasta el Consejo de Ministros de mañana, cuando fijará su posición sobre la decisión del Supremo, desde los extremos del arco parlamentario Unidos Podemos hizo un llamamiento a llevar a cabo «una gran movilización cívica» el sábado, a partir de las 18 horas, frente al alto tribunal, mientras que el PP, a través de su portavoz de economía en el Senado, José Manuel Barreiro, valoró positivamente que se haya acabado «la confusión» sobre quién debe pagar el impuesto.

Las organizaciones de consumidores (Facua, OCU o Adicae) criticaron con dureza un cambio de criterio que consideran producto de la presión de la banca, algo que comparten formaciones políticas como Esquerra.

Mientras tanto, la banca, por boca de su patronal, la AEB, se limitaba a asegurar que la decisión «preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado».

En cualquier caso, el culebrón no parece que vaya a acabar aquí, sino ante la Justicia europea.

Letrados de Justicia critican la ineficacia de los juzgados de cláusulas suelo

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia cargó ayer contra la ineficacia de los juzgados de cláusulas suelo, que «solo han resuelto un 20 %» de las 250.000 demandas presentadas, y que podrían haberse visto más saturados si se hubiera eximido definitivamente al cliente del impuesto de la hipoteca. En un comunicado, la asociación considera que desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia acordaran la creación de estas sedes, en mayo del 2017, «se ha venido demostrando que la solución elegida es totalmente ineficaz», y pide que se revise el modelo para resolver los conflictos de los consumidores en materia hipotecaria. Califican de «alarmante» la entrada diaria de demandas en los juzgados, cuyo volumen, unido a la falta de personal designado en estos órganos, sitúa la demora para la admisión de aquellas en más de un año.

También lamentan que a pesar del «colapso» el CGPJ decidiera prorrogar el funcionamiento de las sedes el pasado 27 de junio, aun no habiendo habilitado un «aumento proporcional» ni de jueces ni de letrados ni de funcionarios «para canalizar las demandas de miles de consumidores».

Las autonomías se libran de devolver 5.000 millones de euros

Efe

Es el importe de lo abonado por los clientes a las haciendas autonómicas por el impuesto de Actos Jurídicos Documentales

La decisión del Tribunal Supremo de corregir su doctrina reciente y cargar a los clientes el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de hipotecas ha librado a las comunidades autónomas de devolver hasta 5.000 millones de euros, correspondientes a los créditos suscritos desde 2014. Con independencia del impacto que podría haber repercutido sobre el sector bancario, esta misma mañana Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones autonómicas, en un escenario de retroactividad fiscal que finalmente no ha sido reconocida por el alto tribunal.

Seguir leyendo

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access /votacion/pixel_votos_responsive.php on this server.


Apache/2.2.22 (Debian) Server at www.lavozdeasturias.es Port 80
Comentarios

Gana la banca, paga el cliente