Sánchez rebaja su ambición y firmará el acuerdo del «brexit»

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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El Gobierno consigue un triple compromiso político, pero no logra modificar el texto legal sobre Gibraltar

24 nov 2018 . Actualizado a las 22:07 h.

«Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España y España levantará el veto. Votará a favor del brexit», anunció Pedro Sánchez.

El Gobierno enterró el hacha de guerra tras una semana de extenuantes negociaciones para enmendar el desaguisado que provocó el negociador europeo, Michel Barnier, al borrar las demandas de Madrid sobre Gibraltar en el texto legal de retirada y la declaración política sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido.

España levanta así sus reservas y confirma su asistencia a la cumbre europea que se celebra en Bruselas para poner el sello al acuerdo de divorcio.

Según Sánchez, el Ejecutivo ha obtenido un «triple blindaje histórico» que garantiza que ningún acuerdo futuro entre la UE y el Reino Unido se podrá aplicar en el Peñón sin el visto bueno de España. «Tenemos garantías absolutas para resolver un conflicto que dura más de 300 años», celebró. No obstante, ninguna de las tres declaraciones políticas que se han elaborado para calmar la ansiedad de los negociadores españoles se ajusta a lo que exigía el gobierno español.

¿Qué pedía España?

Después del blanqueamiento que sufrió el texto del brexit al pasar por la manos de la primera ministra británica, Theresa May, el gobierno español exigió su rectificación para aclarar en su cuerpo legal que España mantendría capacidad de vetar cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido al territorio de Gibraltar, tal y como había respaldado el Consejo Europeo en sus orientaciones de abril del 2017. Y no solo eso. El embajador español ante la UE y su equipo diplomático presionaron para incluir esa misma aclaración en la declaración política adjunta al texto legal, la misma de donde desapareció un párrafo fantasma que sí hacía referencia al Peñón.

¿Qué ha quedado de esas demandas?

Nada. Bruselas se negó desde que estalló la polémica a reabrir el texto de retirada o la declaración política. Ambos documentos permanecen inalterables. No se hace mención a las demandas de España sobre Gibraltar. Para aplacar el malestar español y sacudirse la responsabilidad de haber cedido ante May, Barnier propuso enmendar el problema por la puerta de atrás, sin pies de página ni anexos. De esta forma, Sánchez volverá a Madrid con tres declaraciones políticas en la mano. Tres documentos con palabras de buena voluntad. El primero, firmado por la Comisión Europea y los Veintisiete, da la clave para interpretar el famoso artículo 184 de la discordia. Cualquier acuerdo futuro de la UE con el Reino Unido solo será aplicable a Gibraltar si hay luz verde del gobierno español: «Después de que el Reino Unido abandone la UE, no será incluido en el ámbito territorial de los acuerdos por concluir entre la UE y el Reino Unido», sostiene la declaración en la que se matiza que cualquier acuerdo separado que se firme en torno a Gibraltar deberá respetar la «integridad territorial de los Estados miembro de la UE» y contar con el «acuerdo previo del Reino de España».

La segunda declaración que orbita alrededor del acuerdo del brexit lleva la firma del embajador británico ante la UE, Tim Barrow. Ni May se ha prestado a poner su rúbrica. En el documento, Londres se compromete, de forma muy ambigua, a interpretar el artículo del mismo modo que la UE, eso sí, ni nombra a Gibraltar ni prejuzga el enfoque de las futuras negociaciones con la UE, que desarrollará «en nombre de todos los territorios de cuyas políticas exteriores, el Reino Unido es responsable», es decir: Gibraltar. El tercer documento es una mera carta conjunta de los presidentes de la Comisión (Juncker) y Consejo (Tusk) en la que ambos dignatarios avalarían las demandas de España, según explicó el presidente español.

¿Ofrece garantías este «triple blindaje»?

No. Se trata más bien de un apaño político a la vieja usanza. Ninguna de las tres declaraciones políticas es jurídicamente vinculante. Para ello, España debería haber incluido estas aclaraciones en el texto legal, como bien reconocieron fuentes negociadoras cuando saltó la liebre. La interpretación correcta del texto dependerá de nuevo de la «buena fe» de los Estados miembro y el negociador, Barnier, el mismo que sacrificó a escondidas con May las demandas de España.