El Gobierno castigará el uso de Internet que incite a la anorexia o el suicidio

El plazo para que prescriban delitos contra menores no contará hasta que estos cumplan los treinta años

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El Gobierno castigará la incitación al suicidio, los abusos sexuales y la anorexia a través de Internet El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

redacción / la voz

Durante la primavera del 2017 un juego llamado Ballena azul (blue whale) que invitaba al suicidio a los jóvenes que participaban en él a través de Internet hizo saltar las alarmas en España. Las autoridades rusas llevaban tiempo en guardia sobre un asunto que empezó a preocupar en la Península después de que una menor de 15 años fuera ingresada en Cataluña debido a las heridas que se había proferido al seguir el juego. La Ballena azul es solo una muestra de lo vulnerables que ha convertido Internet a los menores. Blindarlos contra cualquier ataque es una prioridad del Gobierno, que ayer dio un paso importante en este sentido después de que el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

La norma, que de aprobarse obligaría a modificar el Código Penal, incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de Internet, entre los que está la incitación al suicidio como hacía el juego de la Ballena Azul. Pero también a cometer infracciones sexuales o a la promoción de trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, algo que hacían páginas como las que aludían hace años a las princesas Pro-ANA y Pro-MIA.

En este sentido, la doctora Esther Díaz, de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Marítimo de Oza, Esther Díaz, apunta que normalmente estas páginas de Internet no son la primera causa motivadora de un trastorno alimenticio: «Lo que buscan los menores en ellas es secundar sus teorías». Además, habla de páginas que muestran cómo hacerse cortes para practicar el cutting (hacerse cortes superficiales a uno mismo). «Va por oleadas, porque el año pasado vimos muchos de estos casos, pero ahora no llegan apenas. Es una forma de descargar la ansiedad y, por tanto, esconde otra cosa», explica.

El anteproyecto de ley aprobado ayer no se detiene ahí. Alude también a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que permitirá a los jueces retirar contenidos ilícitos de páginas de Internet como medida cautelar durante la investigación de un caso.

Prescribir delitos

Pero una de las medidas estrella de la nueva norma es la modificación de los años a partir de los que empezaría a contar el plazo de prescripción de los delitos graves (tentativas de homicidio, delitos sexuales, daños agravados, maltrato habitual y trata de seres humanos) contra menores. Mientras actualmente comenzaban a computar a partir de que el afectado cumplía los dieciocho años, de aprobarse esta ley lo harán a partir de los treinta. Esta es la opción más laxa que barajaba el Ministerio de Justicia, que también había especulado sobre hacer que fueran «imprescriptibles» o que empezará a contar a partir de los cincuenta años.

De todas formas, para algunos abogados penalistas como Jorge Vázquez Vila el cambio del Código Penal para introducir esta reforma no es tan necesario porque «bastaría con aplicar bien el actual. Lo que tendrían que articular -añade- es una unificación de criterios a la hora de aplicarlo entre comunidades».

Además, explica que los plazos de prescripción se interrumpen y vuelven a contar desde cero en el momento en el que hay algún tipo de actividad judicial. Y pone un ejemplo: «Bastaría con que un procurador mandara una nota de comunicación a alguna de las partes». 

La condena

No hay que olvidar tampoco que el anteproyecto endurece las condiciones de cumplimiento de cárcel de los condenados por delitos contra menores. Estos no podrán acceder, como avanza Sanidad, a permisos ni al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. Para ellos también será más duro acceder a la libertad condicional, ya que la nueva norma impedirá que los jueces puedas anticiparla hasta que no se hayan cumplido, al menos, las dos terceras partes de la condena impuesta.

La reforma penal también cambiará la agravante genérica de discriminación para incluir la edad, razones de aporofobia o exclusión social o cualquier otra razón basada en un prejuicio discriminatorio.

El documento, como explicó en un comunicado el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, amplía notablemente el concepto de violencia al «entender que implica cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional , incluidos castigos físicos o el trato negligente».

«Hay que aplaudir esta ley, pero habrá que dotarla de presupuesto para que las medidas sean reales»

«Cualquier medida enfocada al cuidado de los menores resulta bienvenida, pero hay que dotarla presupuestariamente para que sea real. Además, hay que coordinar a las distintas comunidades para que no se produzcan diferencias». Eso es lo que opina Carlos Rosón, director de la oenegé Igaxes para el futuro de la infancia y la juventud sobre el anteproyecto aprobado ayer. Otros colectivos como Save the Children piensan lo mismo. De hecho, como avanzó Efe, desde esta última apuntaron que «el anuncio de una estrategia integral para erradicar la violencia es muy positivo», aunque esperan, además, que vaya acompañada de la dotación presupuestaria necesaria. Al mismo tiempo, Plan Internacional explica que esta es una «norma clave» para garantizar el derecho de los menores a vivir libres de violencia. No obstante, confían en que el texto mejore de cara a hacer más transversal el enfoque de género para realizar reformas concretas en aspectos que afectan a las niñas. 

«Tratamiento crónico»

Al mismo tiempo, el orientador, doctor en Pedagogía y uno de los mayores expertos de acoso escolar en Galicia, Plácido Blanco, también aplaude los diferentes aspectos recogidos en el anteproyecto, sobre todo en lo que atañe a redefinir el concepto de violencia porque, a su juicio, esta implica toda acción que conlleve un dominio.

Pero, además, aboga porque la norma recoja claramente el derecho del menor víctima de violencia a un tratamiento crónico posterior por parte de especialistas porque las consecuencias de haber sufrido un caso de acoso, por ejemplo, pueden prolongarse muchos años.

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