La Autoridad Fiscal propone endurecer el acceso a la pensión a cambio de subirla con el IPC

Pide que se retrase la edad de jubilación y se computen más años cotizados para calcular el importe de la prestación


El sistema de pensiones tiene un déficit estructural que supera los 17.400 millones de euros al año. Es el diagnóstico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el guardián de las cuentas públicas impuesto por Bruselas tras el rescate, que, tras conocer la decisión del Gobierno de volver a ligar la subida de las pensiones con el IPC, ha querido hacer una llamada de atención sobre la situación financiera de la Seguridad Social.

De su análisis se desprende que el sistema tiene un déficit estructural que se sitúa entre el 1,3 y el 1,5 % del PIB. Lo prioritario, concluyen, es cerrar cuanto antes ese agujero, puesto que el goteo de noticias que ponen en duda sobre la viabilidad del sistema «genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto de los pensionistas como de los cotizantes, afectando a sus decisiones de ahorro y consumo». Puede provocar, incluso, un aumento de la economía sumergida ante el intento de ahorrarse la cotización, ante el temor de que estas no se traduzcan en una pensión futura.

Por ello, la AIReF propone que el Estado se encargue de arreglar el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, con medidas como redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales (elevando los destinados a financiar el sistema de pensiones y reduciendo en la misma cuantía el dirigido a la cobertura por desempleo) o asumir directamente los costes no contributivos del sistema (gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, bonificación de cotizaciones para fomentar el empleo, prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones a regímenes especiales).

El problema, el largo plazo

Solventado lo urgente, llega lo importante: garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Una ecuación compleja, que se complica por el envejecimiento de la población, que dispara el gasto en pensiones, y por el consenso político para volver a actualizar las prestaciones de acuerdo a la inflación. De hecho, la AIReF da por hecho, y así lo asume como escenario central de su estudio, que el Gobierno no se limitará a aplicar el IPC como factor de revalorización este año y el próximo, como en principio ha anunciado, sino que mantendrá esa política a futuro.

Para poder financiar ese sobrecoste, el organismo propone profundizar en las medidas recogidas en la reforma de las pensiones del año 2011, la del Gobierno Zapatero. En ese sentido, cree que endureciendo aún más el acceso a la pensión se podría lograr un ahorro similar al que proporcionaría la aplicación del IRP, el índice de revalorización aprobado por el Ejecutivo del PP en la última reforma del sistema, que limitaba en la práctica las subidas anuales a un pírrico 0,25 %, que no cubría el aumento del coste de la vida.

Sobre la edad de retiro, la AIReF incide en que la edad efectiva de jubilación en España (62,4 años) sigue casi dos años por debajo de la media de la OCDE, por lo que propone modificar los requisitos de acceso a la pensión (ordinaria y anticipada) para fomentar que los trabajadores salgan más tarde del mercado laboral. Asimismo, reclama que se amplíe el período de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (y que llegará a 25 en el 2022), proponiendo incluso que se calcule sobre toda la carrera de cotización del trabajador.

Una sentencia asturiana pionera amplía los derechos de los autónomos jubilados

Raúl Álvarez
Juzgados de Oviedo
Juzgados de Oviedo

Una juez de lo Social de Oviedo considera compatible el cobro íntegro de la pensión con administrar una sociedad mercantil que crea empleos para otras personas

El fallo ha tenido repercusión en toda España. Una juez de Oviedo ha sentado un precedente al reconocer a un autónomo ya jubilado su derecho a percibir toda su pensión a pesar de que mantiene su condición de administrador de una sociedad mercantil. Al seguir al frente del negocio, crea empleo y da trabajo a otras personas, señala la sentencia, y eso está en consonancia con la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo aprobada en el 2017, aunque los contratos los firme en nombre de la empresa y no a título personal. El hombre había demandado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) porque, cuando decidió solicitar la jubilación, solo le reconoció el cobro de la mitad de la pensión a consecuencia de su actividad como administrador. Esa interpretación es «restrictiva y no resultante del tenor literal de la norma, contraria a la finalidad legislativa», según señala la magistrada en la sentencia.

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