El seguro del Prestige, lejos de pagar las indemnizaciones, amenaza a España con una demanda millonaria

Acusa al Estado español de incumplir las sentencias del Reino Unido y pretende que se le compense por cualquier cantidad que tenga que abonar por la ejecución de la sentencia del Supremo

Vista del Tribunal Supremo celebrada en el 2015 para tratar los recursos contra la sentencia del Prestige
Vista del Tribunal Supremo celebrada en el 2015 para tratar los recursos contra la sentencia del Prestige

redacción / la voz

Es una de esas historias donde el mundo parece volverse del revés. En este caso, una aseguradora condenada como responsable civil directo de la marea negra del Prestige amenaza al Estado español, el principal afectado por el vertido, con una demanda millonaria que le compense de cualquier cantidad que deba abonar por encima de lo que establecen los convenios internacionales, pero también por los gastos procesales en los que incurran. En paralelo, la aseguradora británica London P&I Club reclama que se le compense por las costas correspondientes al procedimiento arbitral y judicial que entabló con España en la jurisdicción británica entre el 2013 y el 2015, una serie de decisiones con las que la aseguradora pretende blindarse frente a las sentencias firmes del Tribunal Supremo español. En total se trata de 1,6 millones de libras -cerca de dos millones de euros- que la Abogacía del Estado pide a la Audiencia de A Coruña que se descuenten de los 1.000 millones de dólares (880 millones de euros) que se reclama a la mutua que en su momento contrataron los armadores del petrolero.

Pasado ya el plazo que ha dado la Audiencia para que la aseguradora abone de forma voluntaria las indemnizaciones, en la Abogacía del Estado han saltado todas las alarmas ante las dos comunicaciones que les ha remitido el bufete londinense Gordon Dadds, que representa los intereses del seguro. De ahí que el abogado del Estado haya informado a los magistrados de la Audiencia coruñesa de los movimientos de la mutua británica, en un escrito en el que avisan de que «pueden obstaculizar la ejecución de las responsabilidades civiles determinadas por las sentencias judiciales».

La primera comunicación del London P&I Club data del pasado 8 de enero, en el que les informan de que han iniciado un nuevo procedimiento arbitral en el Reino Unido con el nombramiento de un árbitro único para dirimir un supuesto incumplimiento de las obligaciones que se impusieron a España en el laudo arbitral de febrero del 2013, en la sentencia del Tribunal Superior británico de octubre del 2013 y en el fallo del Tribunal de Apelación de abril del 2015, después de que los abogados contratados por el Reino de España presentaran un recurso contra la decisión de la Justicia británica de blindar los intereses del seguro.

Estas decisiones obligarían a España a dirimir cualquier reclamación ateniéndose al Derecho británico y al laudo arbitral, y le impediría reclamar a la aseguradora cualquier cantidad por encima del límite de responsabilidad que marcan los convenios internacionales, y que en el caso del Prestige tan solo son los 22,7 millones de euros que se depositaron en una cuenta bancaria del juzgado de Corcubión, donde se instruyó la causa. El procedimiento arbitral está encaminado a que se declare el incumplimiento por parte de España de estas supuestas obligaciones, que incluirían que la póliza de 1.000 millones de dólares solo podría utilizarse para pagar indemnizaciones si antes es el armador el que las abona, algo totalmente improbable.

Propuesta de árbitro

En cualquier caso, la aseguradora recuerda que cualquier disputa entre las partes debe someterse a un procedimiento de arbitraje en Londres, en concreto la reclamación de 1.810 millones aprobada por el Supremo para el Estado como principal afectado, a la que habría que añadir un 30 % por costas y gastos del procedimiento, siempre con el límite de los 1.000 millones de dólares. «Mantener tales reclamaciones en España es un incumplimiento de sus obligaciones de arbitrar la disputa y de no instar dichas reclamaciones en ningún otro foro», explican los abogados del London P&I Club en su primera comunicación. A continuación, el seguro del petrolero propone unilateralmente como árbitro único a Elizabeth Gloster.

La segunda comunicación se evacuó el pasado 28 de enero y es más preocupante. En ella piden a España que cese «inmediatamente» sus reclamaciones al margen del convenio internacional y, si no lo hace, «el Club presentará una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales».

En esa demanda pedirán que España compense al London P&I Club por cualquier indemnización a la que pudiera ser condenado en el proceso de ejecución de la sentencia, así como a todos los gastos judiciales en los que hayan incurrido. Es decir, si se les obligan a pagar 880 millones de euros a España y el resto de afectados, el Estado español debería compensarles con la misma cantidad.

El Estado apremia a la Audiencia para que actúe ya contra el London P&I Club

La Abogacía del Estado, ante los movimientos judiciales que ha iniciado la aseguradora -que hay que recordar que no se personó en la instrucción judicial española-, apremia a la Audiencia Provincial de A Coruña para que siga las instrucciones del Tribunal Supremo y realice «de oficio cuantas actuaciones fueran necesarias para el íntegro cumplimiento de las responsabilidades civiles».

En concreto, solicita a los magistrados que actúen contra el London P&I Club con un título judicial que sirva para ejecutar la sentencia en el Reino Unido. «Debemos recordar a la Sala, como órgano competente y encargado de la ejecución de oficio de las resoluciones judiciales que obligan al pago de las responsabilidades civiles, que resulta esencial para el íntegro cumplimiento de las mismas que se despache ejecución contra el P&I Club de forma rápida», asegura el abogado del Estado, Javier Suárez, en su escrito.

Resoluciones en dos Estados

Ante la nueva estrategia de la aseguradora, la Abogacía del Estado aclara al tribunal que España «no tiene intención de incumplir obligación alguna». «Lo que existe -aclaran- es un eventual conflicto y contradicción entre los enfoques jurídicos suscitados y las resoluciones judiciales dictadas en dos Estados distintos y que deberá resolverse mediante la aplicación de las normas de Derecho internacional o comunitario correspondientes». Ante esa disputa, el brexit jugaría a favor de los intereses de la aseguradora, de ahí el énfasis del Reino de España para que se actúe con rapidez contra la mutua marítima que aseguró al Prestige. Para España, las obligaciones del London P&I Club emanan directamente de la legislación española.

España reclamará 543 millones por intereses de demora y costas del Prestige

Pablo González
Imagen de los cientos de miles de folios del sumario del Prestige custodiados por la Audiencia
Imagen de los cientos de miles de folios del sumario del Prestige custodiados por la Audiencia

La Audiencia activa el proceso para pleitear en Londres por el dinero del seguro

El reconocimiento de los intereses de demora y procesales en la sentencia sobre la responsabilidad civil del Prestige, dictada por el Tribunal Supremo el pasado 19 de diciembre, ha contribuido a engordar aún más las ya de por sí amplias cifras indemnizatorias de la marea negra. Así, la Abogacía del Estado ha realizado las cuentas definitivas que se presentarán en Londres en el pleito para lograr buena parte los 1.000 millones de dólares (cerca de 880 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con la mutua London P&I Club. Y el resultado es que su factura definitiva como principal afectado asciende a 2.353 millones de euros, de los cuales 543 corresponden a intereses de demora y procesales, así como a costas y gastos relacionados con el larguísimo procedimiento judicial, que ya ha consumido más de 16 años.

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