Pensiones en los programas electorales: muchos cuentos, pocas cuentas

Los partidos se lanzan a una generosidad sin límites con los jubilados. ¿Y los que vienen después?


El problema de las pensiones es el gran río donde confluyen los desagües de la sociedad española actual, las aguas limpias y las no tan limpias. Las dudas sobre el futuro, la bajísima natalidad, el aumento de la esperanza de vida -esto es agua limpia-, un sistema que no capitaliza la jubilación propia, sino que abona solidariamente las de los que la están disfrutando. ¿Cogen los partidos el problema de las pensiones por los cuernos? ¿Se enfrentan al déficit de financiación? ¿Asumen que prometer subidas igualitarias que benefician a las pensiones más altas puede poner en riesgo las pensiones futuras de la generación más amplia, la del baby boom?

El régimen de la Seguridad Social promete ser el gran desafío para nuestro subconsciente colectivo en los próximos años y los partidos lo saben, aunque no muestren todas sus cartas al respecto. Su arreglo, sin duda, dependerá de una solución integral en distintos ámbitos de la política, no solo de un par de recetas mágicas o de la política del «tú me pides y yo te lo doy».

El PSOE y el PP, incluso Ciudadanos, se aferran al pacto de Toledo como el ecosistema político para alcanzar consensos y que las pensiones no se convierta en un arma arrojadiza, algo que después de tantos años incumpliéndose se antoja imposible. Unidas Podemos, que a última hora vetó un acuerdo cuando ya se notaba el calor electoral, no menciona este foro en su programa. El pacto de Toledo, visto de otra manera, también es una buena fórmula para mutualizar las malas noticias y siempre hay alguien que se resiste a darlas. La realidad no puede estropearte un buen programa político.

Tanto el PP como Vox hablan de los planes de pensiones privados, el primero prometiendo beneficios fiscales, el segundo dibujando con trazo claro un sistema mixto de capitalización y reparto solidario. Ciudadanos, por su parte, vincula el futuro de las jubilaciones pagadas por el Estado a que crezca la natalidad -mal lo ponen- y a un cambio en el modelo laboral para aumentar las cotizaciones y por tanto reducir el déficit actual de la caja de la Seguridad Social. Sueldos más dignos para pensiones más dignas, todo muy bonito sobre el papel. Una Arcadia feliz que subyuga.

No obstante, casi todos parecen coincidir en que hay que poner las luces largas y tomar medidas que tengan un feedback a largo plazo y un desgaste político compartido en el presente. También en que las pensiones deben mantener su actual poder adquisitivo. El PSOE lo fía a la actualización del IPC real, «aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas». Los socialistas se dan un plazo de cinco años para clarificar la sostenibilidad del sistema, aumentando progresivamente la aportación del Estado -sin aclarar cómo- de cara a hacer frente a la jubilación de la generación más numerosa: la que nació en los sesenta.

El PP cree que el futuro de las pensiones depende del «equilibrio» de las cuentas públicas y de alimentar su financiación mediante una política que haga crecer el empleo. La revalorización se hace en base al IPC, pero también se tendrán en cuenta «otros indicadores» -tampoco se especifican- que garanticen la sostenibilidad, se entiende que en un caso de inflación galopante.

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