Batet retrasa de nuevo la suspensión de los diputados presos y pide otro informe

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La exministra de Política Territorial y presidenta del Congreso, Meritxell Batet
La exministra de Política Territorial y presidenta del Congreso, Meritxell Batet Eduardo Parra - Europa Press

El PP amenaza con reclamar su reprobación y llevarla a los tribunales por prevaricación

24 may 2019 . Actualizado a las 07:51 h.

Los nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, continúa demorando la suspensión de los cuatro diputados independentistas presos y juzgados por rebelión después de que el Tribunal Supremo devolvió este jueves la decisión sobre la suspensión de los diputados en prisión preventiva al Congreso, y rechazara elaborar el informe que le había solicitado para aclarar sus dudas sobre «la posible aplicación del citado artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». El tribunal dejó claro que no es un órgano consultivo ni asesor, y que la decisión, como se indicó en una resolución anterior, corresponde al Congreso en aplicación de su propio reglamento. Pero Batet recabó el apoyo de la mayoría de la Mesa, controlada por el PSOE y Podemos, para solicitar un nuevo informe, en esta ocasión, a los letrados de la Cámara, con la oposición de los miembros de PP y de Ciudadanos, en una reunión que se prolongó durante tres horas y media.

La Mesa volverá a reunirse este viernes, en el último día de la campaña, aunque Unidas Podemos quería retrasarlo una semana más, para decidir qué hacer en función de ese nuevo dictamen. La vicesecretaria primera, Gloria Elizo, de Unidas Podemos, adelantó que «a lo mejor en este caso no es aplicable la suspensión de un derecho tan fundamental como el de representación política». La actitud de Batet provocó una dura reacción del PP, que amenazó con solicitar su reprobación, sin descartar acciones judiciales contra ella por prevaricación al desobedecer a los tribunales. Tanto PP como Ciudadanos expresaron en la Mesa de forma nítida su criterio: los cuatro diputados presos, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Catalunya, deben quedar suspendidos de sus funciones de inmediato y sin más dilaciones.

El Supremo rechaza informar

La contestación a Batet del presidente del tribunal que juzga a los líderes del procés, de solo quince líneas, trasluce el malestar de la sala por el intento de trasladarle la responsabilidad. Explica Manuel Marchena que «la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe solicitado», y recuerda que en un auto del pasado 14 de mayo se concedió autorización «excepcional» a los cinco acusados elegidos parlamentarios, incluido el senador Raül Romeva, para que tomaran posesión de su escaño, pero se indicaba que no era necesario pedir el suplicatorio al Congreso para continuar con el juicio. La interpretación de aquel auto es que los jueces entienden que la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo está prevista para cuando el juicio se encuentra en fase de instrucción. Pero, con el proceso ya iniciado, es al Congreso y el Senado a los que corresponde la suspensión de los diputados en aplicación de sus reglamentos.

Batet justificó su decisión de pedir un informe aclaratorio al Tribunal Supremo y otro a los servicios jurídicos de la Cámara para «preservar el sistema constitucional» y garantizar que la medida que tome la Mesa sea «conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica» y no «discrecional ni política». Aseguró que ni ella ni la Mesa tienen «ninguna voluntad de dilatar o retrasar» la decisión definitiva, que, según indicó, se tomará en la reunión de hoy.

La expresidenta del Congreso, y ahora vicepresidenta tercera, Ana Pastor, del PP, consideró sin embargo «evidente» que el Congreso «debe aplicar la ley», que juzgó «inequívoca, clara y de obligado cumplimiento», por lo que estimó innecesario solicitar un informe, dada la inexistencia de dudas al respecto. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, afirmó que la Mesa debió suspender a los cuatro diputados presos la misma tarde de la constitución del Congreso y acusó a Pedro Sánchez y Batet de ser «cómplices de los golpistas».

El PSOE podría tener que aprobar este viernes la decisión apoyándose solo en PP y Cs

El conflicto abierto por la presidenta del Congreso con el Tribunal Supremo puede acabar teniendo consecuencias políticas que afecten no solo a las elecciones del domingo, sino también a la investidura de Pedro Sánchez. Si, como es previsible, el informe de los letrados de hoy es favorable a la suspensión, el PSOE, que tiene tres representantes en la Mesa, acatará ese criterio y se mostrará partidario de aplicarla. Pero todo indica que Unidas Podemos, con dos portavoces, podría oponerse y plantear más dilaciones, con lo que los socialistas no tendrían mayoría y deberían adoptar la primera medida de la legislatura apoyándose en PP y Ciudadanos, con dos representarse cada uno. Algo que tensaría aun más la relación del PSOE con ERC, que puede ser imprescindible para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

Jordi Sànchez quiere ver al rey

El otro conflicto a la vista pasa por que Junts per Catalunya ha designado al preso Jordi Sànchez como representante del grupo para asistir a la ronda de consultas con el rey. Pero, aunque Batet le comunicara al monarca esta elección, para conseguirlo, Sànchez tendría que obtener un permiso del Tribunal Supremo que lo está juzgando. En el caso de Esquerra, ya ha adelantado que ni su líder, Oriol Junqueras, ni ningún otro representante del partido se reunirá con Felipe VI, tal y como han hecho ya en las anteriores legislaturas.