El Juzgado adopta medidas cautelares para evitar que los Franco vendan el pazo de Meirás
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Admite a trámite la demanda de la Abogacía del Estado y odena su anotación sobre la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad de Betanzos
15 jul 2019 . Actualizado a las 23:19 h.El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha admitido a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por la Abogacía del Estado frente a los herederos de la Familia Franco para reclamar la devolución del pazo de Meirás para el patrimonio público nacional. En el mismo momento en el que admitió a trámite la demanda, el juzgado coruñés decidió también adoptar la medida cautelar que le fue solicitada por los servicios jurídicos del Estado para evitar la venta del pazo mientras no se tome una decisión judicial sobre su propiedad.
En concreto, la medida cautelar que ha acordado el juzgado es la de proceder a la anotación preventiva de la demanda presentada por el Estado en el Registro de la Propiedad de Betanzos, donde se encuentra inscrita la finca de Meirás. Fuentes jurídicas explicaron que esa anotación es clave, y aunque no impide la venta del pazo, sí sirve para advertir a posibles compradores de que la finca se encuentra inmersa en un proceso judicial de reclamación de la propiedad mediante una acción reivindicatoria y de rectificación del registro de la propiedad, lo que por sí mismo debería frenar cualquier intento de adquisición.
Sin embargo, pese a la trascendencia pública que ha alcanzado la demanda para recuperar el pazo de Meirás y a la decisión ahora conocida de la medida cautelar adoptada por el juzgado, lo cierto es que este lunes el edificio seguía a la venta, por un precio de 8 millones de euros, en un lugar destacado de la página web de la inmobiliaria Mikeli, de Santander, especializada en vender propiedades de lujo. El pazo se ofrece en esa web como «un recinto sin par, lleno de historia y detalles especiales (biblioteca, cuadros, piezas arqueológicas, dependencias, blasones, fuentes, cruceros, decoración, etc.) que lo convierten en una oportunidad inmejorable».
La venta del pazo por parte de la familia Franco es, por lo tanto, una posibilidad real, y así lo expresa la Abogacía del Estado, que plantea al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el riesgo para el Estado supondría que el inmueble llegase a venderse mientras se tramita el procedimiento judicial iniciado en A Coruña.
Se donó para el jefe del Estado
El Estado sostiene en la demanda ante la familia Franco que el pazo de Meirás es una posesión de la Administración del Estado y que su uso ha estado vinculado a servicios de carácter público. La Abogacía argumenta que el pazo de Meirás fue comprado a los descendientes de Emilia Pardo Bazán con fondos que fueron aportados por los ciudadanos y por instituciones públicas, y que la adquisición del inmueble se llevó a cabo con el objetivo de donárselo al jefe del Estado para que lo utilizase como residencia oficial de verano, pero no a Francisco Franco como particular ni a su familia.
La reclamación presentada en el juzgado expone también que el pazo de Meirás se rehabilitó con fondos públicos para que pudiese servir como residencia oficial del jefe del Estado y para que fuese sede de las correspondientes dependencias administrativas del Estado. Según las investigaciones de los servicios jurídicos de la Administración central, la gestión de los trabajos de acondicionamiento del pazo correspondió a la Comandancia de Obras, que seguía las órdenes de la Casa Civil del Jefe del Estado, que junto a la Casa Militar se encargaba, además, de la organización de toda la intendencia del pazo. La conclusión, según las fuentes consultadas conocedoras de este proceso, es que todas las actuaciones de mantenimiento y mejora del pazo de Meirás se ejecutaron mediante el uso de fondos públicos y siempre bajo la gestión de la Administración del Estado.
Pedro Puy: «Foi a residencia do xefe do Estado, non a dun particular veraneante»
El portavoz parlamentario del PP gallego, Pedro Puy, aseguró ayer que a su grupo le parece «moi relevante que a demanda se axuste a criterios xurídicos, segundo a argumentación que coñecemos polos medios, e que se defenda o patrimonio público cos instrumentos do Estado de dereito». Puy recordó que el asunto de la reclamación para el patrimonio público del pazo de Meirás está ahora en manos de la Justicia: «Confiamos en que a argumentación exposta nese ditame a través da demanda do Estado permita gañar para o público o que foi durante tantos anos a residencia do xefe do Estado e non a residencia dun particular veraneante».
Notificación a la Xunta
La Abogacía del Estado también pide al juzgado que se notifique la demanda a la Xunta a los efectos de la intervención de la comunidad autónoma en el procedimiento, teniendo en cuenta que el Parlamento gallego aprobó en junio del 2018, por unanimidad, reclamar la devolución del pazo al Estado. Esa petición planteada desde Galicia fue la que puso en marcha las investigaciones de la Abogacía del Estado, que han terminado con la presentación de la demanda en el juzgado para recuperar la propiedad. Ahora, la Xunta está estudiando la posibilidad de personarse en la causa, algo que el propio Feijoo adelantó como una clara posibilidad.
