Bruselas quiere sumar a su plan de recuperación un presupuesto reforzado con nuevos impuestos
26 may 2020 . Actualizado a las 23:27 h.Apenas queda un día para que Bruselas dé a conocer los detalles del ansiado fondo de recuperación con el que se sufragará una parte nada desdeñable del rescate a las economías europeas más golpeadas por la pandemia.
La cita se ha hecho esperar. Tanto que algunos países, como Alemania y Francia, ya se adelantaron con su propia propuesta: el despliegue de una red de 500.000 millones de euros en ayudas directas a financiar con bonos en los mercados. Italia recibiría un sobre de 85.000 millones y España otro de 65.000, según cálculos de Goldman Sachs. Algo similar a lo que pretende instaurar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según ha trascendido esta mañana.
El exsecretario general del Ejecutivo comunitario y ahora representante de la institución en Austria, Martin Selmayr, habría comunicado a la prensa local del país centroeuropeo, según EFE, que la hoja de ruta de Bruselas pasa por un plan casi idéntico: movilizar hasta medio billón de euros en los mercados utilizando de palanca 100.000 millones y transferir entre un 60 % y un 70 % de los fondos en forma de subvenciones a los países que soliciten auxilio, limitando al mínimo las gravosas líneas de crédito que tanto quieren evitar gobiernos como el español o el italiano.
Más de tres cuartas partes de las ayudas se vincularían a los planes de reformas estructurales que la Comisión recomienda de forma periódica a cada país y se canalizarían a través de los fondos estrella de los presupuestos europeos: El Fondo de Transición Justa y el Invest EU. Se acabarían así con los cheques en blanco para financiar proyectos de dudosa eficiencia. La apuesta es clara: los beneficiarios deberán potenciar una recuperación «verde» y apostar por la innovación de sus empresas para ganar competitividad. El plan tendría una duración de dos años.
Ahora bien. Para llenar la hucha y estirar el dinero, la Comisión cree que será necesario articular un nuevo sistema de peajes para aumentar en 300.000 millones de euros los recursos propios. ¿De qué forma? Con impuestos. El debate para apuntalar los presupuestos europeos y evitar un recorte sustancial en su cuantía (de algo más de un billón de euros) lleva coleando mucho tiempo, pero la crisis del covid-19 y la caída dramática de las rentas familiares han empujado a Von der Leyen a proponer un nuevo gravamen al plástico, al comercio de emisiones de CO2, al acceso al mercado interno de las grandes multinacionales y a las ganancias digitales. Este último puede colisionar con los planes del Gobierno español, que esperaba recaudar para las arcas públicas 968 millones de euros a través de la «tasa Google».
Rechazo de los halcones
La propuesta tropezará con el casi seguro rechazo de los halcones europeos. Los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia se niegan a aceptar subsidios. Solo están dispuestos a extender préstamos de emergencia reembolsables y limitados a dos años, aumentando así la carga de deuda sobre las espaldas de españoles e italianos. El otrora paladín de la ortodoxia fiscal, el exministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, cuestionó el enfoque conservador de los países norteños: «Si Europa quiere tener alguna oportunidad, ahora debe ofrecer solidaridad y demostrar que es capaz de actuar. Más préstamos a los Estados miembros serían piedras en lugar de pan, porque varios ya están muy endeudados», aseguró al diario Welt am Sonntag.
Desde Ámsterdam a Estocolmo, las cancillerías del norte temen que la emisión de bonos europeos, aunque de forma temporal y acotada, podría ser un primer paso hacia una «unión fiscal», como anticipó el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno. Algo que rechazan de forma categórica: «No aceptaremos las deudas mutualizadas bajo el pretexto de la crisis», zanjó el ministro austríaco de Finanzas, Gernot Blümel.
