El Estado defiende que el pazo de Meirás fue un bien público durante 40 años

El abogado de la familia Franco pide que el juicio por la propiedad no se politice

Desde que empezó la pandemia, el balcón de la torre principal del pazo de Meirás luce una bandera de España con un crespón negro
Desde que empezó la pandemia, el balcón de la torre principal del pazo de Meirás luce una bandera de España con un crespón negro

Redacción / La Voz

¿De quién es el pazo de Meirás? ¿Es de la familia Franco o es un bien público que pertenece al Estado? ¿Es válida la compraventa realizada en 1941 entre los descendientes de Emilia Pardo Bazán y el propio Franco? Son las cuestiones que se discutirán en el juicio por la propiedad del pazo que se inicia el lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y que durará una semana.

«El pazo de Meirás es un bien de dominio público porque durante 40 años se destinó a una finalidad pública, como era la de ser sede oficial del jefe del Estado». Esa es la postura que defenderá la Abogacía del Estado y que ayer explicó el jefe de ese departamento en Galicia, Javier Suárez, tras analizar con el delegado del Gobierno, Javier Losada, la estrategia que seguirá el Estado para reclamar la propiedad del inmueble situado en el municipio coruñés de Sada. Suárez añadió que el hecho de que fuera residencia oficial determinó que el Estado adquiriese el pazo con la condición de bien de dominio público mediante la figura jurídica de la usucapión, que es una forma de adquirir derechos reales de una propiedad a través de la posesión del bien durante un tiempo determinado por la ley.

 

Según ese criterio, la posesión que los descendientes de Franco han hecho a partir de la muerte del dictador, en 1975, «no les permite adquirir la propiedad, porque el dominio público es imprescriptible», concluye el abogado del Estado. Mientras, el delegado del Gobierno recordó que la demanda contra los Franco sigue el trámite iniciado con la petición, por unanimidad, del Parlamento gallego para que el pazo pasase a ser propiedad del Estado. Añadió que la reclamación del pazo de Meirás busca «fortalecer la democracia con la reparación de la memoria histórica» y destacó que la Abogacía del Estado trata de demostrar que la compra del pazo fue «simulada y fraudulenta» y que cuenta con un documento «que demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo de Meirás a su nombre, en unos hechos que hoy en día constituirían un supuesto delito de falsedad en documento público».

«Franco era quien pagaba los impuestos»

No piensa lo mismo la familia Franco, que defiende que el pazo es de su propiedad y que la compraventa que hizo Francisco Franco fue totalmente legal. El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, pidió ayer que no se politice el juicio, «porque lo que se está discutiendo es el derecho de la propiedad sobre un inmueble. Esto no es un juicio político». Y añadió: «Un acto de democracia es respetar lo que digan los tribunales, y yo confío en que este asunto se resuelva conforme a derecho y sin ningún condicionamiento de tipo político». Utrera-Molina sostiene que era el propio Franco quien pagaba los impuestos del pazo de Meirás, y que la contribución se abonaba con los ingresos de venta de madera y de la actividad agrícola del pazo. Explicó que el Concello de Ferrol no halló registros de haber pagado los impuestos, como sostenía el Estado.

Un proceso que empieza con siete testigos, entre ellos el alcalde de Sada entre 1979 y el 2007

El juicio por la propiedad del pazo comienza el lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, aunque se celebrará en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial. La primera jornada comenzará con las declaraciones de siete testigos que serán claves en el proceso. El primero en comparecer será el guardia hortelano que se encargó de la vigilancia del pazo hasta el año 1990. Luego testificarán dos vecinos del pueblo de Meirás y un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña.

El mismo lunes comparecerá Ramón Rodríguez Ares, que fue alcalde de Sada entre los años 1979 y el 2007. El exalcalde es un gran conocedor del pazo de Meirás y ha sido propuesto por los Franco. El abogado de la familia dijo, a la salida de la audiencia previa al juicio, que Rodríguez Ares tiene conocimiento de todo el mantenimiento y la situación posesoria del pazo desde 1975 hasta 1990. «Por eso será testigo, porque él era amigo de la familia y conoce bien el pazo», señaló Utrera-Molina.

En la causa están personados, en calidad de intervinientes que apoyan la demanda presentada por el Estado para reclamar la propiedad del pazo, la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de A Coruña y de Sada, donde está ubicado el pazo. Los demandados son los seis nietos de Franco: María del Carmen, Jaime, Arancha, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú Franco y la empresa Pristina.

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