Los Franco intentaron vender el pazo de Meirás a la Diputación de A Coruña en 1988

Un testigo del juicio por la propiedad del inmueble: «A mi abuela la expulsaron de su casa»

Imagen del juicio por la propiedad del pazo de Meirás, que comenzó este lunes en A Coruña
Imagen del juicio por la propiedad del pazo de Meirás, que comenzó este lunes en A Coruña

Redacción / La Voz

El pazo de Meirás estuvo a punto de ser comprado por la Diputación de A Coruña en 1988, cuando la presidía Romay Beccaría. En verano de ese año hubo unas negociaciones con la familia Franco para que el pazo pasase a ser de propiedad pública. Las gestiones estaban tan avanzadas que ya había acuerdo entre las partes. Solo faltaba que el pleno de la Diputación respaldase la compraventa, pero no hubo mayoría absoluta y el asunto se quedó «en agua de borrajas». Así lo desveló Ramón Rodríguez Ares, alcalde de Sada y diputado provincial en aquella fecha, y uno de los testigos propuestos por la familia Franco en el juicio que ayer comenzó en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en el que el Estado reclama la titularidad del pazo.

Uno de los abogados de los Franco, Antonio Gil (el otro es Luis Felipe Utrera-Molina), le preguntó si después de la muerte de Franco, en 1975, alguna Administración pública contactó con la familia para adquirir el pazo. Y el exalcalde reconoció que él mismo participó en la negociación: «Sí, yo asistí a una reunión en el pazo de Mariñán en la que estaba el presidente de la Diputación de A Coruña, el señor Romay Beccaría. A esa reunión acudieron el marqués de Villaverde y Carmen Franco». El motivo de la reunión lo explicó Rodríguez Ares: «De lo que se trataba era de llegar a un acuerdo para adquirir por parte de la Diputación el pazo de Meirás. Y se llegó a un acuerdo, pero a expensas de que el pleno de la Diputación lo aprobara». No recuerda cómo se pagó la rehabilitación del pazo tras el incendio de 1978, pero sí está seguro de que la contribución la pagaba el marqués de Villaverde, yerno de Franco. Lo sabe porque el propio marqués le dijo en una comida «que tenía que ir a Betanzos a pagar el IBI del pazo». Para Rodríguez Ares, el pazo «siempre fue una propiedad privada».

Eso es, precisamente, lo que quieren rebatir los abogados del Estado, Javier Suárez y Adela Álvarez. En la primera sesión del juicio defendieron que el pazo fue un bien público durante los 40 años en los que Franco lo usó como residencia de verano.

«Me pagaba la Guardia Civil»

El primer testigo fue José Suárez, un guardia civil de 80 años que, de 1982 a 1990, estuvo destinado en el pazo como guarda hortelano. «Yo estaba allí como vigilante», declaró antes de explicar que vivía en una casa dentro del recinto del pazo y que su función era «vigilar aquello y cortar zarzas». Preguntado por quién abonaba su salario, el testigo fue muy rotundo: «A mí me pagaba la Guardia Civil». Y añadió que nunca recibió dinero de la familia Franco.

A pesar de que le pagaba el Estado, el guardia civil afirmó que dependía del secretario personal de Carmen Polo, Esteban Medina: «Cualquier cosa que había me llamaba o lo llamaba yo». Suárez llegó al pazo poco después del incendio, por lo que recuerda que no estaba en condiciones, aunque en verano la viuda de Franco iba por las tardes y pasaba allí «una hora o dos». Su destino anterior fue en Oviedo, en la finca La Piniella, que era propiedad de Carmen Polo.

Un testigo: «A mi abuela la expulsaron de su casa»

Un vecino de Meirás, Juan Pérez Babío, de 70 años, ofreció el testimonio más emotivo al asegurar que a su familia le arrebataron su casa para ampliar las propiedades del pazo. «A mi abuela la expulsaron de su casa», declaró. Añadió que «la presionaron y se tuvo que marchar de su casa, y eso la marcó para toda su vida».

A preguntas de la abogada del Estado, afirmó que en verano, con Franco se desplazaba el personal de seguridad propio, además de la Guardia Civil, y de trabajadores de la Comandancia de Obras y del Ayuntamiento de A Coruña. Eran albañiles y jardineros, a quienes conocía y le comentaban lo que hacían en el pazo. También recuerda que cuando se produjo el incendio de 1978, allí entraron camiones del Ejército. Fuera de la temporada de verano, en época de Franco, en el pazo había guardas hortelanos, y fuera, guardias civiles del destacamento del pazo, ubicado frente a la puerta principal.

Otro testigo, Luis Fernando Quiroga y Piñeiro, amigo de la familia y suegro de una nieta de Franco, Arancha Martínez-Bordíu, fue quien supervisó las obras tras el incendio. Reconoció que con Franco vivo, un mes antes de su llegada iba el Ejército al pazo a pintar. Dijo que ningún ente público pagó las obras: «Es más, cuando le hablé a Carmen Franco de recuperar el pazo porque era historia de España y de Galicia, fui a ver a Fraga y me dijo que no era posible ayudar en la recuperación del pazo».

A las puertas del juzgado hubo concentraciones de protesta para reclamar el pazo como bien público. Contaron con de Ana Pontón y Gómez-Reino.

«Los bomberos de A Coruña llevaban agua todos los veranos al pazo»

Uno de los testigos fue Antonio Abad, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña destinado en gestión de suelo y de patrimonio. A él le encargaron un informe de las asistencias que el Ayuntamiento coruñés hizo para el pazo de Meirás. En ese informe certificó que todos los años, en julio y agosto, «los bomberos de A Coruña llevaban agua para el pazo de Meirás». El informe lo hizo con los partes de salidas, que había que justificar porque eran fuera de la ciudad, y que se hicieron en los años sesenta y setenta.

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