El Gobierno da luz verde a una subida histórica del techo de gasto para el 2021

Los 20.000 millones de la UE ya suponen la mitad del 30 % del alza prevista


madrid / la voz

El Consejo de Ministros dará este martes el pistoletazo de salida oficial a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021, con la actualización del cuadro macroeconómico y la aprobación de una expansión inédita del techo de gasto, en el entorno del 30 %, rebasando los 166.000 millones de euros frente a los 127.609 aprobados inicialmente para este año. Y es que el enorme impacto de la pandemia en la economía española ha convertido en papel mojado el incremento del 3 % aprobado el pasado febrero por el Gobierno de coalición para el próximo ejercicio, que situaba el tope de gasto no financiero del Estado en 131.437 millones, una cifra poco realista a luz de las necesidades actuales del país.

Por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía el pasado fin de semana en que el techo de gasto necesario para los próximos presupuestos será «inédito» y «no comparable» con el de ejercicios anteriores, ya que solo la inclusión en las cuentas públicas de los 20.000 millones esperados en el 2021 con cargo al Fondo de Reconstrucción de la UE dispararán casi un 16 % dicho tope de gasto no financiero, lo que supone la mitad del incremento proyectado.

Y es que las próximas cuentas públicas, cuyos apoyos parlamentarios el Ejecutivo lleva semanas negociando, deben ser el instrumento para reanimar un crecimiento económico intensamente mermado por las medidas de contención del virus. En este escenario el gasto aumentará como nunca antes. Y lo hará gracias a la bendición de las autoridades comunitarias que, a diferencia de la última crisis, han aparcado su tradicional ortodoxia fiscal al defender que no es el momento de escatimar en estímulos y que ya habrá tiempo para embridar las cuentas cuando el crecimiento salga de la uci. La traducción práctica es que los límites exigidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se aplicarán en el 2021.

Sin corsé para déficit y deuda

Libre -por el momento- del corsé de déficit y deuda y de la obligación de detallar cómo devolverá las cuentas públicas a la senda de la consolidación fiscal, el Gobierno se centra en los múltiples frentes de gasto que debe atender, ya que la pandemia ha multiplicado la factura de la sanidad o la educación, pero especialmente la factura social. Cabe recordar, por ejemplo, el reciente acuerdo para prolongar los ERTE, con los que evitar una destrucción mayor de empleo (al cierre de septiembre aún había casi 730.000 trabajadores afectados por ajustes laborales), el coste de las prestaciones de desempleo (2.846 millones en agosto, pese a haberse contenido a la mitad desde la cifra récord de mayo) o la implantación del escudo social que pretende ser el ingreso mínimo vital (IMV), cuyo coste se estima en unos 3.000 millones anuales cuando esté plenamente desplegado.

A todo lo anterior hay que sumar también la atención a la dependencia o, en lo que respecta a la financiación de las comunidades autónomas, las transferencias adicionales recibidas para remendar el roto que el virus ha hecho en sus finanzas. Ese dinero extra se añade a las actualizaciones de las entregas a cuenta, estimadas sobre la previsión de crecimiento del PIB anterior al virus, en lugar de sobre el desplome real, que en el segundo trimestre alcanzó un dramático 22,5 % interanual.

A falta de que la ministra de Hacienda detalle a qué corresponderá el incremento del gasto previsto para los próximos presupuestos, casi un 16 % de su subida respecto a los 127.609 millones previstos para este año -aunque la cifra ha quedado superada por los gastos extraordinarios derivados de la pandemia-, se explica por la incorporación en las cuentas de 20.000 millones, la primera de las tres transferencias directas previstas en otros tantos años, hasta un montante total de 60.000 millones. Sumados a los créditos, la inyección europea del Fondo de Reconstrucción para España llega a los 140.000 millones.

Los fondos previstos para el 2021, según recordó la ministra de Hacienda, se destinarán a programas de inversión «palanca» de crecimiento de la economía a medio y largo plazo, y estarán dirigidos a sectores que funcionen como motor de crecimiento, como las energías renovables, la construcción o la tecnología.

La intención del Ejecutivo es remitir a Bruselas el Plan Presupuestario antes del 15 de este mes e iniciar el trámite parlamentario del proyecto de ley de los presupuestos antes de que expire octubre, para aprobarlo a finales de diciembre o principios de enero.

El PIB cae a doble dígito en la revisión macroeconómica 

El Consejo de Ministros también aprobará la revisión del cuadro macroeconómico sobre el que se diseñan los presupuestos del 2021. Y los nuevos cálculos -una caída de doble dígito del PIB- actualizarán a la baja la anterior estimación, pues la evolución de la pandemia ha agudizado la recesión. Así, el hundimiento del 9,2 % que se esperaba para este año en la última estimación -seguido de un rebote del 6,8 % en el 2021- pasará ahora a situarse en una horquilla de entre el 10 % y el 11 %, con una recuperación parcial el próximo, en línea con los cálculos de organismos como el Banco de España, la Comisión Europea o Funcas.

En lo que respecta a la evolución del desempleo, las últimas estimaciones del Ejecutivo esperaban que la tasa de paro escalase hasta el 19 % en este ejercicio, para retroceder ligeramente el próximo, hasta el 17,2 %.

Por otra parte, pese a que en esta ocasión el Ejecutivo está dispensado por Bruselas de aprobar la senda de consolidación fiscal (los objetivos de déficit y deuda para los próximos ejercicios, que debían obtener refrendo parlamentario), el Consejo de Ministros sí informará sobre unas tasas de referencia.

Cabe recordar que la última senda de estabilidad presupuestaria recogía un déficit público del 10,34 % del PIB en este 2020, hasta los 115.671 millones, el más abultado desde el 2012, así como una caída de ingresos del 5,3 % (hasta el 41,2 % del PIB, poco más de 461.000 millones) y un incremento del gasto público del 10,5 % (casi 58.000 millones, que lo situaban en prácticamente 577.000 millones, el 51,5 % del PIB). Asimismo, la previsión era que la deuda pública escalase hasta el 115,5 % del PIB este año, frente al 95,5 % en el que se cerró el 2019.

Además de la canalización de los fondos europeos, el Ejecutivo pretende introducir en los presupuestos incrementos tributarios con los que aliviar la situación de las arcas públicas, como reducir la bonificación de los planes de pensiones individuales o subir el IRPF a las rentas más altas, entre otros.

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