¿Quiénes son y qué dicen los magistrados del Constitucional que se oponen a la sentencia sobre el estado de alarma?

María Hermida
María Hermida REDACCIÓN / LA VOZ

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Los votos particulares de los juristas que se oponen al fallo son de inusitada dureza. Tan críticos, que Conde-Pumpido hasta ha pedido perdón a sus compañeros

20 jul 2021 . Actualizado a las 20:17 h.

La votación fue muy ajustada. Solo seis de los once magistrados (cinco del sector más conservador y una magistrada del entorno más progresista) del Tribunal Constitucional (deberían ser doce, pero no se sustituyó a uno) apoyaron la sentencia por la que se declaró inconstitucional la medida más dura del primer estado de alarma de la pandemia en España, es decir, el confinamiento domiciliario. Otros cinco magistrados decidieron emitir votos particulares, discrepando sobre fallo. Ya se sabe el contenido de cuatro de esos votos (el del magistrado Juan Antonio Xiol, según comunicó hoy el Tribunal Constitucional, se conocerá en unos días) y hay un denominador común en todos ellos: la inusitada dureza con la que arremeten contra la sentencia, a la que califican como contradictoria y de la que dos de ellos llegan a señalar que crea un problema jurídico en vez de solventarlo. ¿Quiénes son y qué dicen esos magistrados discrepantes?

Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional
Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional MARCOS MÍGUEZ

Juan José González, el presidente del tribunal 

Juan José González Rivas, el presidente del Tribunal Constitucional, nombrado miembro del TC en el 2012 a propuesta del PP, es uno de los magistrados que se opone a la sentencia, aunque solo de forma parcial, lo que le llevó a emitir un voto particular. González Rivas, de perfil conservador y fuertes convicciones religiosas, se apartó en esta ocasión del sentir de la votación que apoyaba la corriente más conservadora del tribunal (y un miembro del ala progresista). Y lo hizo porque considera que las limitaciones de derechos que tuvieron lugar durante el confinamiento están amparadas en la declaración del estado de alarma. No cree que se hayan suspendido derechos y por tanto, en contra de lo que dicta la sentencia del tribunal que preside, no considera que hubiese sido necesaria la declaración de un estado de excepción. Alude a que las medidas tomadas por el Gobierno para tratar de frenar la pandemia, en aquel infernal marzo del 2020 en el que tanta muerte sembraba el covid, son las mismas que recomendaba la OMS, por lo que le parecen proporcionadas. En su voto particular, indica: «En mi opinión debería haberse mantenido la constitucionalidad de los apartados 1, 3 y cinco del artículo del Real Decreto 463/2020 y su inclusión en el estado de alarma, situación en la que los derechos no quedan suspendidos en su ejercicio durante la aplicación de la normativa establecida por tal declaración, que habilita al Gobierno para la limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas, en función de la concurrencia de algunos de los supuestos previsto en el artículo 4 LOAES». González Rivas, que en su día emitió votos particulares muy polémicos, como en el que discrepaba de la histórica sentencia del Constitucional a favor del matrimonio homosexual en España, defiende que el Gobierno desde el primer momento optó por «preservar la vida e integridad física como derecho fundamental y se reconoció el derecho a la salud como principio de política social y económica». 

Andrés Ollero, que fue diputado durante 17 años del PP y actual miembro del Tribunal Constitucional
Andrés Ollero, que fue diputado durante 17 años del PP y actual miembro del Tribunal Constitucional

Andrés Ollero y su tú a tú con los virus 

Andrés Ollero, que fue diputado del PP durante 17 años, es otro de magistrados del Tribunal Constitucional que se ha posicionado en contra de la sentencia del estado de alarma y, por tanto, ha emitido un voto particular en el que señala que el Gobierno acertó con la figura jurídica para combatir la pandemia en marzo del 2020. En este sentido, a lo largo de varias páginas escritas con un lenguaje muy directo y vivo, alejado de los corsés jurídicos, Ollero explica que el estado de excepción tiene claros precedentes referidos a problemas de orden público con connotaciones políticas y que el de alarma, elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez, remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia. Él cree que, de haberse optado por el de excepción, ya se decidiría a priori afectar al contenido esencial de los derechos fundamentales. En cambio, con el de alarma, solo se convertiría en inconstitucional si a posteriori se se ve que la limitación de derechos fue desproporcionada, cosa que no cree que sucediese en este caso. Así, en su voto indica: «Considero, más bien, que será un juicio de proporcionalidad -tan histórico como razonable- el que permita determinar si la desproporción ha sido tal como para desnaturalizar el derecho dadas las circunstancias; teniendo en cuenta que los virus no son precisamente famosos por mayor o menor respeto a las sociedades democráticas». En esa misma línea, añade cuestiones como que quienes hablan de la libertad de circulación o de la restricción de las reuniones familiares obvian las posibilidades de contagio sin acordarse de que «tampoco los virus se interesan demasiado por nostálgicos afectados o parentescos. Perimetrar -por razón de contagios o defunciones- barrios, poblaciones o comunidades puede en ciertas circunstancias no resultar tampoco desproporcionado».