España duplica su exposición al crudo ruso en pleno debate sobre su embargo

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

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BJOERN KILS | REUTERS

Argelia no solo recorta el gas, está vendiendo tres veces menos petróleo

18 abr 2022 . Actualizado a las 08:41 h.

La Unión Europea (UE) acabará vetando el petróleo ruso. Es cuestión de tiempo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y algunos ministros de Exteriores de la Unión están seguros. Son casi 80.000 millones de euros anuales lo que el país del este ingresa cada año por vendernos su hidrocarburo, cuatro veces más de la caja que hace con el gas, que es mucho más difícil de sustituir. Así que parece lógico que, en caso de querer estrangular las vías de financiación del Kremlin, se imponga primero un veto al crudo, como ya están haciendo Estados Unidos y el Reino Unido. Eso sí, es probable que no se apruebe hasta después de la segunda vuelta de las presidenciales francesas. El alza súbita de los precios podría desequilibrar la balanza a favor de Marine Le Pen, quien capitanea la ultraderecha gala.

Los mensajes de apoyo al embargo de algunas cancillerías europeas contrastan con la realidad: siguen necesitando el petróleo ruso. El suministro está mucho más diversificado que el del gas, pero apenas hay capacidad para aumentar el bombeo, tras siete años sin invertir en infraestructuras de extracción.

En pleno debate sobre el veto al crudo ruso, la estrategia energética española ha trastabillado por la crisis abierta con Argelia a costa del futuro del Sáhara. Solo hay que pasar revista a las cifras: en los primeros dos meses del 2022, el país norteafricano redujo por tres el envío de barriles de crudo a España en comparación con el mismo período del año anterior, una señal de lo que está por venir. En cambio, España multiplicó por dos su exposición al petróleo ruso. El resultado es que Argelia ha pasado de copar casi el 10 % del suministro a España a apenas el 4,5 %. Rusia ha pasado de concentrar el 6 % a casi el 12 %, según las cifras más recientes de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). No obstante, todavía no se han revelado las cifras del mes de marzo. En pleno apogeo bélico, muchas petroleras anunciaron que buscarían alternativas para no tener que seguir comprando a Rusia.

Esto ocurre también con el gas. Argelia fue en el 2021 el principal proveedor de España. El socio norteafricano envió a través del Gasoducto Magreb Europa (GME) —cerrado desde noviembre del 2021 por desavenencias políticas entre Argel y Rabat—, y el gasoducto Medgaz —llega directamente a Almería— el 43 % del hidrocarburo que consumió el país. Sin embargo, en los tres primeros meses de este 2022 apenas nos han suministrado el 26 % del gas consumido, según datos de Enagás. Y, lo que es peor, cada metro cúbico saldrá más caro en el futuro, porque el Gobierno argelino tiene intención de subir las tarifas. Solo las españolas. ¿A qué se debe esta hostilidad? Nada tiene que ver con el oportunismo de la guerra.

Vaivenes diplomáticos

El castigo energético se debe a los vaivenes diplomáticos del Gobierno de Pedro Sánchez, que pactó recientemente en la sombra un acuerdo con Marruecos para el futuro del Sáhara. Algo que no gustó al socio argelino, que ha decidido priorizar el abastecimiento de los italianos, aumentando su suministro casi un 50 %: «Italia es un país amigo que siempre ha estado presente en las circunstancias más difíciles [...], al contrario de lo que acabamos de experimentar con otros socios de la región, más experimentados en duplicidades y cálculos estrechos y egoístas», explicó este fin de semana el enviado especial del Gobierno argelino para el Sáhara Occidental, Amar Belani.

A pesar de la aparente normalidad que proyecta el Gobierno español, lo cierto es que se ha resquebrajado la relación con nuestro principal proveedor de gas, y eso se nota también en el constante trasiego de metaneros procedentes de Estados Unidos, cargados de gas natural licuado (GNL) para abastecer las siete plantas regasificadoras españolas —una inactiva—, incluida la de Reganosa en Ferrol. El país norteamericano ha pasado de suministrar el 14 % del gas a copar el 37 %. Eso sí, a unos precios menos económicos.

 

Gas a Marruecos

Las tensiones con Argelia podrían ir a más en plena renegociación de contratos porque el Ejecutivo español ha autorizado a Marruecos a utilizar las plantas regasificadoras y bombear el hidrocarburo a través del GME en sentido inverso, hacia el país norteafricano, que está ultimando acuerdos de suministro internacionales para suplir el 10 % de la electricidad que dejaron de producir sus plantas tras el cierre del gasoducto. Argel sospecha que España podría acabar revendiendo el gas a Marruecos.

Se extiende el temor a un racionamiento energético en la Unión Europea

En la actualidad, Rusia está aportando el 40 % del gas y casi el 30 % del petróleo que consume la Unión Europea (UE). Un embargo energético o un corte de suministro repentino de Rusia podría obligar a las autoridades a racionar hidrocarburos. No tanto por el impacto directo en el suministro sino por el impacto indirecto que tendría la subida de los precios.

No es un escenario tan lejano, teniendo en cuenta que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha recordado que «los bancos de los países hostiles están retrasando los pagos (de productos energéticos)», al negarse a abonar las facturas en rublos.

El coste: 100.000 millones

Los expertos del instituto de análisis Bruegel estiman que un embargo energético a Rusia, especialmente de gas, podría ser «catastrófico» para algunos países de la UE. El bloque tendría que reducir la demanda con medios propios: retrasando el cierre de plantas nucleares y térmicas, acelerando la instalación de renovables y racionando el consumo, reduciendo la velocidad en carreteras y añadiendo presión sobre las facturas de los consumidores.

Según sus cálculos, el corte de suministro a corto plazo tendría un sobrecoste de 100.000 millones de euros para la UE. Se necesitarían al menos 50.000 millones para llenar las reservas de cara al invierno, 25.000 para pagar el sobreprecio que exigirán los nuevos proveedores y otros 25.000 para mejorar las infraestructuras de reparto.