Bruselas insta a España a cuidar el gasto público y le reprocha los retrasos con los fondos europeos

La Comisión Europea ha dado luz verde a prorrogar un año más la suspensión de las reglas fiscales que limitan el déficit presupuestario al 3 % y la deuda pública al 60 % del producto interior bruto (PIB), congeladas desde la pandemia. El Ejecutivo comunitario había planteado hace solo unos meses volver a implementar los límites en el año 2023, una vez terminado el seísmo provocado por la pandemia. Pero las cosas han cambiado. La invasión de Putin a Ucrania ha empeorado los problemas en las cadenas de suministro y ha traído consigo una crisis energética que ya se deja notar en los precios de los productos de uso diario. Con todos estos ingredientes, Bruselas ha decidido retrasar las pautas fiscales hasta el 2024.

Mantener el Pacto de Estabilidad y Crecimiento inactivo no significa que la Comisión no esté siguiendo de cerca en qué parámetros se está moviendo la economía de cada Estado miembro y por ello ha vuelto a lanzar como cada año su paquete de recomendaciones económicas para instar a los Veintisiete a mantener una prudencia fiscal que todavía se antoja complicada. Y es que pese a que la cláusula de escape todavía está en vigor, el año pasado eran 15 los países con un déficit público superior al 3 %. Este año serán 17 —Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia— aunque la Comisión Europea no abrirá procedimientos de déficit público y revaluará la situación en otoño.

Eso sí, Bruselas ya ha puesto a España algunos deberes que debe afanarse en cumplir en los próximos meses. La Comisión Europea alertó al Ejecutivo patrio por su elevada deuda pública, privada y externa y por el alto desempleo, unas «vulnerabilidades» que las autoridades comunitarias detectan desde hace años en la economía española y que tienen «relevancia transfronteriza». En sus recomendaciones macroeconómicas de este año, el Ejecutivo comunitario señala que la deuda de los hogares y las empresas se mantiene en niveles superiores a los de antes de la pandemia de coronavirus y «exceden los niveles de prudencia», mientras que la «elevada» deuda pública con respecto al PIB también es «bastante superior» al nivel precovid.

Eso a pesar de que ambos indicadores volvieron en el 2021 a sus tendencias negativas y las previsiones apuntan a que seguirán cayendo este año y el que viene, sumado a que la cuenta corriente de la balanza de pagos registra un «pequeño superávit» y la posición inversora neta ha alcanzado su mejor dato desde mediados de la década de los 2000.

Con respecto al desempleo, Bruselas advierte de que persiste la «segmentación» del mercado laboral entre temporales e indefinidos, así como el elevado paro juvenil, aunque destaca que «las reformas laborales pasadas y recientes y la aplicación continuada del plan de recuperación ayudarán a atajar el resto de vulnerabilidades de España». 

Acotar las medidas para abaratar la luz

Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha pedido que tenga cuidado con el gasto corriente del Estado, volcado ahora en mantener a raya la factura energética de hogares y empresas. Bruselas calcula que el coste del plan de choque ascenderá a más de 4.000 millones de euros este año. Y, aunque aprueba los esfuerzos para proteger a los hogares de rentas más bajas de la subida de los precios de la luz, critica que «algunas de estas medidas no están bien acotadas, especialmente la suspensión del impuesto a la producción de energía o la reducción del impuesto especial sobre la electricidad».

El documento, en el que se insta al Ejecutivo central a mantener una política de gasto «prudente» en el 2023, también se hace hincapié en la necesidad de mejorar los accesos al mercado europeo de la energía: «España afronta numerosos retos relacionados con la aceleración de la transición verde, las interconexiones energéticas, la disponibilidad de vivienda social asequible y eficiente y la economía circular». No solo le exige aumentar los esfuerzos en reciclaje —España está por debajo de la media europea en tratamiento y reutilización de residuos—, también en invertir más fondos en «expandir» la interconexión con Francia. Algo a lo que el Gobierno se niega si la factura corre a cargo en exclusiva del contribuyente español.

Otro de los caballos de batalla que libra la Comisión tiene que ver con los esquemas de ayuda a la rehabilitación de viviendas. El envejecido parque inmobiliario necesita reformas, por eso Bruselas exige al Gobierno que despliegue «esquemas de financiación apropiados», incluidos los que deberían subvencionar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo. Una receta indispensable para poder abaratar la factura de la luz.

Retrasos en los fondos europeos 

Las autoridades europeas no desaprovecharon la ocasión para reprochar este lunes al Gobierno español los retrasos que acumula en la aprobación de los programas vinculados a los fondos europeos para el período 2021-2027. España lleva año y medio aplazando los trabajos, frente a la agilidad de otros países como Grecia. Esa inacción se traducirá en problemas para ejecutar en plazo los 35.562 millones de euros que tiene reservados el país para invertir en agricultura, pesca, I+D o infraestructuras, entre otras cosas. Por eso Bruselas ha pedido al Gobierno que elimine los cuellos de botella administrativos. «España todavía no ha remitido formalmente el Acuerdo de Asociación y otros documentos sobre la política de cohesión», denuncia.

Mayor inversión en la transición verde

El Semestre Europeo fija que los siguiente pasos que deben dar los Estados miembro deberán seguir sustentándose en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que surgió tras el estallido del covid y también sobre el REPowerEU, una herramienta presentada hace unos días para reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos acelerando la transición limpia y uniendo fuerzas para lograr un sistema energético más resistente y una verdadera Unión de la Energía. «Buscamos sostener la recuperación económica de Europa de la pandemia y, al mismo tiempo, eliminar gradualmente nuestra dependencia estratégica de la energía rusa antes del 2030» añadía el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Valdis Dombrovskis.

Alegan que la guerra en Ucrania exige ahora un diseño cuidadoso de la política fiscal en el 2023 y para ello se debe expandir la inversión pública en energía verde, en la transición digital y también en la seguridad energética. Unas normas fiscales que, a su vez, controlen el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional, permitiendo al mismo tiempo que funcionen los estabilizadores automáticos, brindando medidas temporales y específicas para mitigar el impacto de la crisis energética.

Además, los planes fiscales de los Estados miembros para el próximo año deben basarse en trayectorias prudentes de ajuste a medio plazo que reflejen los desafíos de sostenibilidad fiscal asociados con los altos niveles de deuda en relación con el PIB que han aumentado aún más debido a la pandemia. Finalmente, la política fiscal debe estar lista para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación.

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