ERC exigirá un referendo de independencia para apoyar a Sánchez en una nueva investidura

Luís Pousa Rodríguez
Luís Pousa REDACCIÓN / LA VOZ

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès Emilio Naranjo | EFE

Esquerra propone negociar la secesión con solo un 50 % de participación y un 55 % de síes en la consulta

13 dic 2022 . Actualizado a las 08:00 h.

ERC ya da por amortizada la actual legislatura y ahora pone el foco en la etapa que se abrirá a finales del 2023 con las elecciones generales. En el balance de Esquerra, su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se ha traducido en la concesión de los indultos parciales a los cabecillas del proceso secesionista del 2017, la inminente derogación del delito de sedición del Código Penal y una notable rebaja en las penas por malversación.

La agenda de ERC, que con sus trece escaños en el Congreso ha sido uno de los principales apoyos parlamentarios del Ejecutivo de Sánchez, se sitúa ya en la próxima pantalla: la organización de un referendo de independencia de Cataluña pactado con el Gobierno central y bendecido por la Unión Europea. Los republicanos llevarán a su congreso del próximo 28 de enero una ponencia política en la que plantean abiertamente el escenario de una consulta acordada con Madrid y detallan las condiciones del referendo. La celebración de la consulta será, además, una exigencia de Esquerra para apoyar a Pedro Sánchez en una hipotética investidura tras los comicios del 2023, dando por hecho que el Gobierno de coalición sume entonces una mayoría suficiente junto a sus actuales socios nacionalistas e independentistas para repetir en la Moncloa durante otros cuatro años.

Una exigua mayoría

Según se recoge en el documento de la formación separatista, el modelo de referendo se inspira en el avalado por la instituciones europeas en el caso de Montenegro y también copia algunos aspectos de las consultas celebradas en Escocia y Quebec. La propuesta de los republicanos fija una participación mínima del 50 % del censo en la votación, que estaría abierta a todos los mayores de 16 años, y el proceso de secesión se abriría si se superase el 55 % de los votos a favor de la independencia. Con estas exiguas cifras, la maquinaria para la separación de Cataluña de España se pondría en marcha con el apoyo de apenas una cuarta parte del censo electoral.

El texto trata de marcar distancias, aunque solo sea formalmente, con la receta unilateral aplicada en el 2017 y que carecía de cualquier tipo de garantías. «Una victoria del sí daría lugar a un proceso de negociación de buena fe entre los Gobiernos catalán y español, con la mediación europea e internacional, de cara a llegar a un acuerdo que permita la creación de una república catalana independiente reconocida a nivel internacional», reza ahora la ponencia de Esquerra.

Pero, pese a la «buena fe» que intenta destilar el párrafo, en otro de los puntos del documento se deja la puerta abierta a la vía unilateral, se entiende que en el caso de que el Gobierno central no acepte organizar un referendo de autodeterminación. «No renunciamos a ningún instrumento democrático que permita a los catalanes decidir sobre su futuro colectivo», advierten los republicanos.

La ponencia recalca que la celebración de una consulta pactada se llevará también a la mesa de diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, hasta ahora, ha marcado dos líneas rojas en las negociaciones con ERC: no a la amnistía a los condenados por el procés y no a la autodeterminación de Cataluña. En Esquerra asumen que esas negativas siguen sobre la mesa, pero recuerdan que la concesión de los indultos y las reformas de la sedición y la malversación han llegado mucho más lejos de lo que se podía deducir de las declaraciones previas de Pedro Sánchez.

La propuesta de ERC no puede llegar en peor momento para el Ejecutivo de coalición, asediado por la oposición en pleno debate sobre la reforma del Código Penal y con los frentes abiertos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.