El Gobierno cierra la puerta al referendo «inconstitucional» que exige Esquerra
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«Ha dicho no a tantas cosas, pero luego pasan otras», ironizan desde ERC
14 dic 2022 . Actualizado a las 10:37 h.Tras ceder en la concesión de los indultos parciales a los líderes del proceso secesionista condenados por el Tribunal Supremo y después de pactar con ERC la modificación exprés del Código Penal para recortar las penas por sedición y malversación que afectan a los promotores de la consulta ilegal del 1-O, el flanco socialista del Gobierno trató de desmarcarse este martes de la enésima exigencia de Esquerra a cambio de su apoyo parlamentario. Desde el Ejecutivo central —al menos desde la bancada socialista del Consejo de Ministros— se cerró este martes la puerta a la organización de un referendo de autodeterminación de Cataluña que, si se superasen el 50 % de participación y el 55 % de votos a favor de la independencia, pondría en marcha el proceso de secesión, tal y como figura en la ponencia política que los republicanos aprobarán en su congreso del 28 de enero.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la consulta es una línea roja que no se va a traspasar desde el Ejecutivo. «Un referendo de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país porque lo prohíbe la Constitución», sentencio Rodríguez desde la sala de prensa de la Moncloa.
El titular de Presidencia, Félix Bolaños, también salió al paso de la propuesta de ERC para rechazar cualquier posibilidad de acuerdo en este punto con los independentistas catalanes. «El referendo es contrario a la Constitución y, por tanto, no se puede celebrar. Y es que, además, tampoco es una solución para la Cataluña del año 2022 porque es una solución absolutamente divisiva que solo cronificaría el conflicto», argumentó Bolaños ante las cámaras de TVE.
No hubo que esperar a que desde la oposición se recordasen declaraciones pasadas de Pedro Sánchez, que durante los años 2018 y 2019 había propuesto que a los líderes del procés se los juzgase por rebelión —y no por sedición—, había pedido el cumplimiento íntegro de las penas de los responsables del 1-O, había planteado un nuevo castigo en el Código Penal para la organización de consultas ilegales como la del 2017 y que incluso se había comprometido a traer de regreso a España a Carles Puigdemont para que fuese juzgado por el Supremo. No fue el PP el que recordó a Sánchez estos cambios de opinión, sino ERC, que se permitió ironizar con las líneas rojas que traza el Gobierno. «Ha dicho no a tantas cosas, pero luego pasan otras», apuntó este martes la portavoz del Ejecutivo en solitario de Esquerra, Patrícia Plaja.
«El Gobierno [catalán] está acostumbrado. Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referendo», enumeró Plaja, que descartó que la Constitución sea un obstáculo insalvable para la celebración de la consulta como sostienen los ministros Rodríguez y Bolaños. «Si hay voluntad, hay vías», replicó la portavoz de la Generalitat.
Page se rebela contra Sánchez: «No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena»
A solo cinco meses y medio de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, las tensiones entre los barones territoriales del Partido Socialista y Ferraz se agigantan como consecuencia del pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para reformar el Código Penal y desmontar las condenas del procés. Si los líderes autonómicos del partido ya habían expresado su creciente malestar por los indultos parciales del Gobierno a los cabecillas del 1-O y, en segunda instancia, por la derogación de la sedición, la reforma de la malversación para rebajar las penas por este delito y beneficiar directamente a unos cuarenta dirigentes independentistas catalanes ha hecho estallar a Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha. Page, quien junto al aragonés Javier Lambán es una de las voces disidentes del sanchismo en el seno del PSOE, arremetió este martes sin matices contra la reforma exprés del Código Penal que mañana, jueves, recibirá el visto bueno del Congreso.
«No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena», denunció este martes el presidente manchego, quien recalcó que los líderes del desafío secesionista del 2017 condenados por el Supremo «no están arrepentidos, sino marcando su hoja de ruta hacia la independencia», en una clara alusión a la nueva propuesta de ERC de pactar un referendo de autodeterminación con el Gobierno central. Page fue más allá en sus críticas a la consulta que Esquerra exige para apoyar a Pedro Sánchez en una hipotética investidura tras las elecciones generales del 2023.
Recurso ante el Constitucional
«Estoy dispuesto a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos», se comprometió el barón socialista, que amenaza así con presentar un recurso de inconstitucionalidad en caso de que la dirección del PSOE y ERC pacten la celebración de un referendo de autodeterminación de Cataluña.
A la airada reacción del presidente manchego se unió este martes otra firma habitual de las reprimendas al Gobierno de coalición desde la vieja guardia socialista. El exvicepresidente Alfonso Guerra aseguró, en una entrevista en Onda Cero, que «legislar con nombre y apellido es una forma de corrupción y corrompe la política», en referencia a los beneficios que obtendrán de la reforma del Código Penal dirigentes separatistas como Oriol Junqueras, sobre el que todavía pesa una pena de trece años de inhabilitación por malversación que no se perdonó con el indulto parcial del Consejo de Ministros, pero que quedará sin efecto con el abaratamiento del delito, lo que permitirá al presidente de ERC ser el cabeza de cartel de los republicanos en las elecciones catalanas del 2025.
El Senado dará luz verde a la reforma del Código Penal el jueves 22
La comisión de Justicia del Congreso aprobó este martes la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos que incluye la reforma del Código Penal para derogar la sedición —sustituida por un nuevo tipo de desórdenes públicos agravados— y para rebajar las penas por malversación. La iniciativa salió adelante con los 19 votos de los socialistas, la formación morada, ERC y el PNV, la abstención de EH-Bildu y los 17 noes de PP, Vox, Cs, Junts y la CUP.
Tras su aprobación por parte de la comisión de Justicia del Congreso, el pleno de la Cámara Baja votará mañana, jueves, la reforma del Código Penal. Por tratarse de una norma de rango orgánico, el retoque legislativo debe ser aprobado por la mayoría absoluta del hemiciclo (176 diputados), cifra garantizada por el llamado bloque de la investidura que ha apoyado los Presupuestos Generales del Estado y todos los grandes proyectos de ley del actual período de sesiones.
Tramitación exprés
Ya con el visto bueno del Congreso, la propuesta del Gobierno llegará el viernes al Senado, que ha diseñado una tramitación exprés que contempla su debate en la comisión de Justicia de la Cámara Alta el martes 20 y su aprobación en el pleno del Senado el jueves 22 por la mañana, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad.
De la Cámara Alta, donde el PSOE cuenta con una amplia mayoría que le permitirá rechazar cualquier enmienda de la oposición, la reforma saldrá directamente al BOE para su inmediata entrada en vigor.
La tramitación de los cambios en el Código Penal se completará así en menos de un mes, ya que la proposición de ley de PSOE y UP se tomó en consideración en el Congreso el pasado 24 de noviembre, en un pleno maratoniano que acabó pasada la una de la madrugada.
