El choque por la amnistía entre el letrado de la UE y el de la Comisión tensa a la curia europea
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Los jueces del TJUE deben formar su opinión partiendo de posiciones antagónicas
15 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El polémico informe del abogado general de la UE sobre la amnistía, que contradice a la Comisión, obligará a los 15 jueces de la gran sala del TJUE a hilar muy fino en las deliberaciones previas a la resolución que deberán tomar en un período máximo de tres meses. Aunque los letrados no tienen por qué coincidir en sus planteamientos (no es la primera vez ni será la última que difieran), sorprende la extrema divergencia entre los argumentos de uno y otro, máxime cuando ambos son los principales garantes de las esencias de los tratados comunitarios. «No parece que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», señaló rotundo el español Carlos Urraca Caviedes, abogado de la Comisión, en la vista oral celebrada en julio. Su discurso fue valorado por Gonzalo Boyé, el abogado de Puigdemont: «No me ha sorprendido nada de lo que ha dicho, sé quién es y quién lo ha puesto en el lugar donde está».
Sobre la autoamnistía
Urraca apadrinó un concepto que resonó con fuerza en la gran sala de la corte europea, el de la autoamnistía, con el que subrayó el hecho de que la norma del olvido penal del procés fue elaborada por sus propios beneficiarios, quienes lo impulsaron y pusieron en riesgo la unidad del Estado en el 2017. Un concepto sobre cuya yugular saltó el luxemburgués Dean Spielmann, que lo rechazó el jueves sin miramientos. «Nada permite calificar la ley de amnistía de autoamnistía», por tratarse, dijo, del «fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista», aprobado «en un contexto real de reconciliación política y social». Frases que habría podido firmar el propio ministro de Justicia español, Félix Bolaños, coautor de la ley al alimón con los independentistas de Esquerra primero y de Junts después.
Sí coinciden Spielmann y Urraca en que los intereses financieros de la UE no se vieron afectados por la intentona secesionista. Para el primero, «no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión». Para el segundo, «el procés no ha comprometido los intereses financieros de la Unión».
Lo que es seguro es que las contradicciones argumentales de los abogados generales no facilitarán el trabajo de los magistrados de la curia europea, que deberán pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Juan Chapapría, letrado de Sociedad Civil Catalana, parte personada en la causa de la malversación, se muestra convencido de que «hay mucho partido por jugar» frente a quienes ya lo dan por perdido, y advierte de que hará todo lo que esté en sus manos «para mantener viva la causa contable en el Tribunal de Cuentas».